Desde la sede de la organización no gubernamental Provea, Eduardo Torres, abogado de los activistas detenidos Alcides Bracho y Gabriel Blanco, denunció irregularidades en el proceso judicial.
Entre dichas irregularidades está que las audiencias de ambos fueron separadas. Pues, Bracho tendrá la audiencia preliminar el próximo 23 de septiembre y Blanco el 26 de septiembre. Esto, cuando los tribunales venezolanos acostumbran a unificar las audiencias si las causas son las mismas, sin embargo, Torres señaló que se desconocen los motivos de la separación en estos casos.
Otra de las irregularidades es que al momento de presentar el escrito de defensa, el tribunal no emitió la copia de los expedientes. Esto, dejando ver cómo el sistema judicial venezolano continúa incumpliendo con el debido proceso.
LAS ACUSACIONES HACIA BRACHO Y BLANCO
Bracho fue detenido el pasado 4 de julio y Blanco el 7 del mismo mes, ambos fueron acusados de asociación para delinquir y conspiración. Sin embargo, Torres aseguró que no hay elementos probatorios sobre los delitos.
«Ni están asociados para delinquir, porque están asociados para defender derechos. Ni están conspirando, están en las calles protestando junto al pueblo venezolano por los derechos humanos laborales y contra el instructivo Onapre, esa es la verdadera razón», explicó el abogado y equipo de defensa de los activistas.
En este sentido, consideró como un panfleto la acusación fiscal hacia los detenidos, pues no establece de qué forma cometieron los presuntos delitos de Bracho y Blanco. Por ello, Torres exhortó a las autoridades que se pronuncien sobre estos casos.
«Hemos ido 3 veces a la fiscalía a conversar con el fiscal y no dio la cara. Hemos ido 2 veces a la Defensoría y tampoco dieron la cara», destacó Torres.
HOSTIGAMIENTO DURANTE LAS DECLARACIONES
En medio de las declaraciones del equipo de defensa y familiares de los detenidos, 2 funcionarios de El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) intentaron ingresar de formar arbitraria a la sede de Provea. Sin embargo, miembros de la ONG lograron impedir su ingreso, pues los funcionarios no contaban con ninguna orden judicial.
«Queremos denunciar esto como un nuevo acto de hostigamiento, un acto incluso sin precedentes en el pasado reciente en el caso de Provea. Nos parece preocupante, ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de DDHH», denunció Inti Rodríguez, miembro del equipo de medios e investigación de Provea.
A pesar de esta nuevo acto de intimidación, el cual Rodríguez calificó de grave, Provea aseguró que no dejarán de hacer su trabajo y que continuarán documentando las graves violaciones a los derechos humanos que se comenten en Venezuela.
