El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela por medio de la resolución 42/25, en vista de las actuaciones arbitrarias por parte del estado donde se han vulnerado derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y demás, se asignó durante un año esta misión para investigar aquellos actos cometidos a partir de las manifestaciones del 2014.
El 6 de octubre de 2020, el Consejo prorrogó el mandato de la misión por dos años más, hasta septiembre de 2022, con base en la resolución 45/20. Cabe destacar que con esta medida buscan “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas” resaltaron los miembros del consejo para el 2019.
A través de estos mecanismos se desea garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de estos actos atroces documentados y expuestos en los dos informes presentados por la misión, además está buscando de brindarle una voz a aquellos sujetos que poseen limitantes para exponer ciertos casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos y las ejecuciones extrajudiciales presentes en el país desde 2014.
¿Qué es el derecho a la verdad y que está buscando la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela?
El derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de derechos humanos e infracciones graves al DIH por parte de los Estados. Es decir, es aquel empleado para combatir la impunidad que los órganos del sistema han desarrollado ante los actos que atentan contra la dignidad humana.
Todo ese conjunto de actos perpetrados por parte de un Estado, donde sus víctimas no han recibido respuesta por parte del sistema de justicia de su país y existe cierto grado de impunidad, puede situarse dentro de los estándares del derecho a la verdad. Además, este constituye un pilar fundamental para los mecanismos que acarrea la justicia transicional, donde se busca brindar respuesta a una sociedad sobre un pasado lleno de abusos y actos que vulneran los DDHH.
Por medio de la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, se está buscando estudiar de manera específica aquellas vulneraciones a las libertades fundamentales de sectores vulnerables, las desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias producidas desde 2014, cada uno de los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes derivados de la crisis que enfrenta el país, con el objetivo principal de asegurar, una plena rendición de cuentas de los autores y la justicia de las víctimas.
¿Por qué los jóvenes de la sociedad civil desean la renovación de la Misión?
Hace un mes 125 organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente en Venezuela, a nivel nacional e internacional, solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovar el mandato de su misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
«Es importante la renovación de la misión en Venezuela. Sin esta clase de mecanismos, las vulneraciones de derechos humanos que se han cometido no serán contadas, no tendrán acceso a la justicia o al menos una investigación que evite la impunidad producto del deterioro del sistema de justicia del país», aseguró en una entrevista exclusiva ante la TV Calle Moisés Cordero, representante de CDD LATAM.
Asimismo, Katherine Barrera, consejera universitaria de la Universidad de Los Andes, afirmó que «como representante estudiantil es de gran importancia trabajar porque los casos de aquellos jóvenes que se vieron afectados durante las protestas de 2014 en adelante tengan acceso a la justicia y se investigue a los responsables de estas atrocidades».
Para los jóvenes en Venezuela, es crucial que esta clase de mecanismos se logren renovar para conseguir brindarle justicia aquellas víctimas que en su mayoría han sido estudiantes universitarios, que en la actualidad no han percibido respuesta del estado ante aquellas acciones arbitrarias que trasgreden la dignidad humana.
Por: Valeria Castro y Daniel Marín.
