El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Universidad de Los Andes (ULA) publicó el reporte mensual de la situación de las universidades en Venezuela, en donde exponen que durante julio se registraron 23 casos relacionados con violaciones al derecho a la educación y otros derechos humanos.
En un trabajo en conjunto con la ONG Aula Abierta, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia y el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, se rastrean los casos que vulneren la libertad académica, autonomía universitaria y los derechos de los trabajadores universitarios.
Durante julio se efectuaron protestas por parte del sector universitario en rechazo a la amenaza que el instructivo ONAPRE representaba para el gremio, hecho que se profundizó los primeros días de agosto, cuando tanto la comunidad universitaria como el magisterio de educación básica y el sector salud se pronunciaron contra el cálculo del bono vacacional.
El ODH informó que se denunciaron 10 casos de imposiciones laborales ilegales, 6 denuncias por acosos presupuestarios, entre ellas: 4 por el estado de deterioro de las instalaciones universitarias y 2 por la falta de asignación de presupuesto para las universidades. Asimismo, “3 denuncias por agresiones que involucran la eliminación de rutas de transporte estudiantil, irrespeto a convenios y por robo dentro de instalaciones universitarias. 2 casos de muerte de universitarios. 1 denuncia por violación al debido proceso contra un profesor detenido por razones políticas”. Y, finalmente, una denuncia relacionada con la pérdida de la planta profesoral. Hechos producto de la crisis que atraviesan las universidades.
“Esto evidencia que el gobierno de Venezuela no respeta las obligaciones de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación, la cultura y demás derechos humanos”, exponen en el reporte.
