Continuando con la agenda de protestas liderada los trabajadores públicos en rechazo a la situación contractual, ofrecieron una asamblea en el Colegio de Enfermeros del estado Carabobo para discutir los siguientes pasos a seguir.
El presidente del colegio Julio García declaró que aproximadamente 30 mil trabajadores se encuentran afectados por la desmejora de los sueldos, lo que se traduce a un proceso regresivo de sus derechos humanos y laborales.
Denunció que la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre) realiza los cálculos y estimaciones de manera unilateral, y que les sorprende como los montos de las cláusulas disminuyen sin previo aviso con el apoyo de los sindicatos patronales.
El sector está preocupado por que de la misma manera podría desaparecer otros beneficios.
Asimismo, comentó que el bono de uniformes y zapatos bajó de 1.300 bolívares a 200 bolívares. “Esto es una burla. Disminuir las cláusulas es ilegal y nulo. Señores del gobierno y sindicatos patronales; les recordamos que los derechos son progresivos e irrenunciables», denunció en twitter.
En los próximos días retomarán las acciones de calle ante los diferentes organismos del Ejecutivo para exigir que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie con respecto al instructivo Onapre.
Trabajadores sin prestaciones sociales
Un caso similar sucede con las prestaciones sociales de más de 100 trabajadores de Ferrocarril inconcluso que va del tramo Guacara – San Diego, quienes tienen dos años sin recibir su cancelación.
Una representación de los afectados acudió ante la inspectoría Batalla de Vigirima, sin recibir respuestas.
“Hemos protestado ante el patrono y nos han amenazado con llevarnos presos o enviarnos al Sebin”, declararon, explicando que no cuentan con el amparo del organismo a pesar de tener el carnet de la empresa.
Estos pidieron la intervención de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, y al ministro Ramón Velásquez, para exigir el pago de sus prestaciones.
