La mañana de este miércoles, representantes del sector educativo en el estado Anzoátegui acudieron a la gobernación para rechazar la migración de más de 4.000 trabajadores dependientes del gobierno regional a la nómina del Ministerio de Educación (MPPE), considerando la medida como una violación jurídica a la constitución venezolana.
El señor Édgar Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Stea), informó que en conjunto con Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Sindicato Único de Maestros (SUMA), Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sindite) y el sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), consignaron un recurso de reconsideración ante la oficina la oficina de recursos humanos y de educación de la entidad.
“Estamos haciendo el reclamo para que el gobernador desista de seguir pasando a los trabajadores al Ministerio de Educación y al gobierno central”, expresó Pérez. Además, manifestó que la situación no solo afecta a los docentes, sino también a obreros y personal administrativo.
Asimismo, acotó que ahora los trabajadores migrados están perdiendo beneficios, tras ser movilizados al MPPE. “los trabajadores están homologados y los salarios del Ministerio de Educación y los del estado no son iguales. Unos cobran 300 bolívares, otros 400, otros 200. Son diferentes salarios que no se ajustan a la realidad. Los salarios y la asignación de los trabajadores jubilados no son las mismas que pagan del MPPE”.
Migración a nómina del MPPE sin previo aviso
El presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), José «Cheo» Hurtado, denunció que el gobierno estadal hizo la migración sin previo aviso. Además, advirtió que la situación seguirá ejecutándose hasta que la gobernación no tenga la responsabilidad del personal sino el gobierno central.
“Esto nos crea un profundo hoyo en el patrimonio de la clase trabajadora. Con lo que gana no puede mitigar las necesidades básicas de su casa y las de su familia”. Hurtado acotó que hace dos meses solicitaron un derecho de palabra en el Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) pero no obtuvieron una respuesta para ir a exponer su caso.
“No podemos esperar más. El trabajador del estado Anzoátegui, el trabajador dependiente de la gobernación se le han violado sus derechos. El tema que no se le consultó, no se le consulta a los sindicatos, no se reúne con las organizaciones sindicales formales y se reúne con comisiones o entes que no tienen nada que ver, nos está causando un problema”, puntualizó.
Finalmente, Hurtado destacó que de seguir sin respuestas se verán obligados a tomar otras acciones de calle para hacer valer sus derechos. “No quieren escucharnos, quieren callar a la gente con una bolsa de comida cuando se acuerdan y cuando les da la gana, para evitar que nosotros reclamemos los verdaderos derechos”, finalizó.
