El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó un boletín informativo sobre la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la misma que, según el ODH, “politiza y centraliza aún más la investigación” científica en Venezuela.
En dicha publicación indicaron que la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó durante el mes de marzo del presente año una modificación a esta legislación. Misma que fomenta las formas de intrusismo por parte del Estado hacia las investigaciones profesionales, académicas, tecnológicas y científicas, pudiendo así sesgar los trabajos.
“Esta reforma, que aún no se publica en gaceta oficial, deja clara la centralización de la actividad científica y tecnológica en torno al Ejecutivo Nacional. Ya venía reflejándose desde la primera Locti de 2001. En esa oportunidad se estableció la eliminación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Este fue creado en 1967 con el objetivo de promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país a través de programas de apoyo a los investigadores científicos venezolanos. Este organismo lo sustituyó el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit)”, expone el boletín.
En este sentido, afirmó que la ley la han modificado en el año 2995, 2010, 2014 y 2022. En cada nueva reforma, agregan elementos políticos e ideológicos del gobierno que rige el país a las indagaciones científicas y tecnológicas. Esto como una búsqueda de sincronía con los “planes de la patria”. Hecho que aturde a los científicos y especialistas venezolanos. Por la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, deben buscar nuevos rumbos, representando la bandera tricolor en otros ámbitos.
Forzados a emigrar
“Mientras tanto, miles de científicos venezolanos se ven forzados a emigrar o dejar de investigar porque el régimen no invierte en el desarrollo y progreso de la ciencia, un derecho humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde 1976 y el cual Venezuela firmó y ratificó”, argumenta la ODH.
Es por ello que, el ODH-ULA denuncia esta nueva irregularidad como un intento de vulnerar la libertad académica y autonomía universitaria; acciones que rechazan contundentemente.
