Recientemente, ex funcionarios del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) denunciaron que el secretario permanente, Walter Clarems Endara Vera forzó su renuncia no voluntaria y contraria a derecho, conforme lo establece la legislación venezolana en sus normas de orden público.
Asimismo, a través de un comunicado el SELA declara que ha recibido del Consejo Latinoamericano la instrucción de efectuar su reestructuración. Esto acorde a la priorización de los ejes temáticos de su Plan de Trabajo.
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela mediante Decreto N° 4.414 de fecha 31 de diciembre de 2021, estableció la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por el término de dos años contados a partir del 31 de diciembre de 2020. Lo que implica que el empleador no puede despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador sin justa causa calificada, y sin obtener previamente una autorización del Inspector del Trabajo. A través de un procedimiento de autorización de despido de conformidad con los términos previstos en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras», expresó el SELA en su comunicado.
En su comunicado, el SELA señala que llegaron a un acuerdo mutuo.»A fin de encontrar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, luego de negociar con los funcionarios y llegar a un acuerdo de voluntad común de las partes, concluye la relación laboral con cartas de renuncia voluntariamente firmadas por los exfuncionarios. Acordando entre ambas partes la suscripción de un Acta de Transacción Extrajudicial que establece el pago de sus prestaciones sociales y demás beneficios computados de conformidad con el tiempo de servicio efectivamente prestado dentro del organismo», asegura.
Declaración de ex funcionario
El ex oficial de Traducción del SELA, Antonio Peña, anteriormente afirmó que el secretario Walter Clarems Endara Vera lo obligó a renunciar tras reintegrarse de un reposo médico. Esto para no pagar una liquidación conforme a lo que establece la ley.
Gerardo Alí Poveda, abogado laboralista y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, también señaló que esta estrategia se diseñó sin previo aviso y bajo violencia moral y económica.
