Durante la presentación del informe sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de conformidad a la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, se reconocieron algunos avances por parte del gobierno de Venezuela en materia de justicia, disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Sin embargo, la Alta Comisionada afirmó que aun hay mucho camino que recorrer en favor de las garantías fundamentales.
“Mi oficina documentó menos muertes en las operaciones de seguridad en comparación con años anteriores, pero aun así una muerte es demasiado. También tomo nota de las condenas de miembros de las fuerzas de defensa y seguridad por los eventos del año 2017. Quiero instar a que se haga más” dijo Michelle Bachelet Alta Comisionada de los Derechos Humanos.
Violaciones de derechos humanos
Bachelet expresó su preocupación por el caso de la muerte del ex concejal Fernando Albán. Donde dos agentes del SEBIN fueron contenidos por homicidio culposo y enjuiciados con una reducción de una pena, dejando pasar por alto en la investigación ciertos eventos de torturas y malos tratos que padeció Albán según denuncia de alguno de sus familiares en base a los datos recopilados por la oficina de la Alta Comisionada en Venezuela.
“Insto a que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y oportunas. Con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores y a la reparación completa de las víctimas con sus familias. Me conmueve la perseverancia de las víctimas y sus familiares en su proceso de búsqueda de justicia” dijo Bachelet.
Por otra parte, la Alta Comisionada espera que posterior a la presentación de este informe se pueda brindar acceso a su equipo a las audiencias judiciales. Esto para supervisar el cumplimiento de los ciertos lineamientos legales. Además, Bachelet respaldó las acciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional para establecer una oficina en Venezuela con el objetivo de esclarecer ciertos hechos vinculados a su investigación.
Centralización del sistema de justicia y reducción de las garantías judiciales
En cuanto a la reforma del tribunal supremo justicia, la alta comisionada expresó su preocupación por la reforma de algunos magistrados, vinculados con partidos políticos. Además, señaló la carencia del respeto a las garantías constitucionales que se han venido perdiendo en Venezuela.
“La centralización de poderes, la falta de imparcialidad, los vínculos de magistrados con partidos políticos, la falta de procesos públicos y transparentes. Todo demuestra el deterioro del sistema de justicia en Venezuela” indicó la Alta Comisionada.
Tras la visita al país, el equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos asistió a 21 centro de detención. Asimismo, logró entrevistar confidencialmente 259 detenidos, en los cuales están incluidas 46 mujeres.
“Mi equipo ha contribuido en las gestiones para la liberación de 68 personas detenidas, incluyendo a 14 mujeres. Solicito la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. Planteo mi preocupación por las numerosas denuncias de torturas, tratos crueles, incomunicación y hasta acciones que afectan la dignidad humana de estas personas” informó Bachelet.
Criminalización del espacio cívico y democrático en Venezuela
Se registraron 166 restricciones indebidas del espacio cívico entre las que resaltaron la estigmatización, la criminalización, las amenazas y persecuciones contra aquellas voces disidentes. También contabilizaron 34 casos de hostigamiento, censura y decomiso de equipos de medios de comunicación. Además de los bloqueos de portales en internet para acceder a la información en el país.
“Sigue preocupando el empleo del ordenamiento jurídico venezolano con fines de categorizar como terroristas o delincuencia organizada cada una de las acciones legítimas empleadas por los defensores de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela” dijo Bachelet.
En cuanto a las protestas pacíficas, números de muertos y detenciones arbitraria. Destacó que más allá de la disminución de los casos, les parecía preocupante la detención de algunos jóvenes que protestaban pacíficamente durante los primeros días del mes de junio y fueron puestos en libertad.
Desafíos de los derechos económicos y sociales
Al instante de abordar el tema de la recuperación económica de Venezuela, argumentó que el crecimiento debe contribuir en la disminución de las brechas de desigualdad presente en el país. Es decir, se deben mejorar las condiciones salariales y los niveles de vida de los venezolanos.
“El salario mínimo en Venezuela es muy bajo. A pesar del aumento en el mes de marzo. Es preocupante que por fuente de la sociedad civil compruebe que solo puede cubrir un 8% de la canasta alimentaria con el salario” dijo Bachelet.
Finalmente, los representantes de la Unión Europea, Alemania, Suiza, Francia, España, Ecuador, Canadá, Paraguay y demás países, señalaron su preocupación por la alarmante situación de derechos humanos que se vive en el país. Ademásm solicitaron la liberación de presos de consciencia en Venezuela como es el caso de Javier Tarazona. Por lo tanto, el respaldo de la comunidad internacional ante las declaraciones de la Alta Comisionado demuestra la decadencia del gobierno nacional al instante de implementar políticas con perspectivas de derechos humanos.
