Este miércoles 29 de junio se cumplen tres años del homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Tras diversas conjunciones sobre su muerte, apenas en febrero de este año se condenó a un teniente y a un sargento por el hecho.
Sin embargo, Alonso Medina Roa, abogado y representante de la familia de Arevalo, a través de un balance jurídico sobre el caso aseguró que aún existe un silencio institucional. Esto, por no dar curso a la investigación de la cadena de mando responsable del homicidio del capitán.
“Es difícil entender que por este homicidio solo dos funcionarios de baja jerarquía pudieran estar involucrados”, expresó el abogado durante el balance publicado este martes en Twitter.
CASO DEL CAPITÁN ACOSTA ARÉVALO
Acosta Arevalo fue detenido un 21 de junio del 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Esto, tras las autoridades venezolanas considerar que estaba vinculado con los hechos militares del 30 de abril de 2019.
Para el 29 de junio del 2019, trasladaron al capital a tribunales y, según informaron sus defensores para ese entonces, Arevalo presentaba signos de torturas. Sin embargo, no logró presentarse en el tribunal, pues luego de ser llevado al Hospital Militar falleció.
En febrero de este año, se conoció que condenaron a 30 años a dos funcionarios de la DGCIM por el hecho. Luego de que el caso atravesara varios procesos irregulares en el sistema judicial venezolano. La información en ese entonces la dio conocer el abogado Medina Roa. Detalló que identificaron a los homicidas como Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto.
ESTE CASO FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CPI
El abogado durante este balance también recordó que el caso del capitán forma parte de las investigaciones que ha realizado la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela. Pues, esta instancia ha señalado en diversas ocasiones que funcionarios venezolanos pueden estar vinculados a posibles crímenes de lesa humanidad.
“El homicidio del capitán es uno de los 124 casos que cursan ante la fiscalía de la CPI. Esta instancia le ha requerido al Ministerio Público información sobre el caso, pero solo han remitido la responsabilidad de los dos militares”, detalló el abogado penalista.
Frente a esto, el abogado aseguró que se trata de complicidad institucional, ya que las instancias nacionales han hecho caso omiso a la investigación de otros posibles responsables del homicidio del capitán. Por ello, aseguró que continuarán exigiendo al Estado que identifiquen y juzguen la cadena de mando.
