La Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ) denunció que los jóvenes del sector Terrazas de Pozuelos, ubicado en Puerto La Cruz, son víctimas de acoso supuestamente por funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui).
Según señaló el director institucional de la FFDDHHANZ, Alcides Magallanes, vecinos y familiares de algunas víctimas afirmaron que los oficiales, presuntamente, amenazan con “sembrarle” delitos a quienes habitan en la comunidad porteña.
Magallanes contó que el pasado 13 de junio «una comisión de 10 efectivos de Polianzoátegui llegó y le dispararon a un joven sin causa justificada. Gracias a que los vecinos salieron de sus casas a tiempo dejaron libre y herido en el piso”.
De acuerdo con lo dicho por el activista, los moradores de la zona identificaron a uno de los funcionarios con el apellido “Soto”. A quien señalan de ejecutar detenciones arbitrarias.
El representante de la Organización No Gubernamental (ONG) hizo un llamado a las autoridades policiales para que se investiguen los casos. Además, que detengan estas prácticas consideradas como una violación de derechos humanos. “Estos crímenes que se cometen contra la población no prescriben”, sostuvo Magallanes.
Más denuncias contra Polianzoátegui
En abril de este año, la FDDHHANZ pidió meter la lupa a los funcionarios de Polianzoátegui en la población de Clarines. Esto, tras acusarlos de excederse en sus actuaciones, presuntamente aplicando actos de extorsión y otros abusos de poder.
Entre los casos expuestos, la ONG destacó un procedimiento donde en la calle 14 de Febrero, a una ciudadana y a su familia supuestamente los amenazaron de “sembrarles” si no cancelaban la cantidad de 5 mil dólares.
La víctima denunció que había sido detenida el año pasado de manera ilegal y que además sufrió torturas a manos de 04 policías, lo que ocasionó la pérdida de un embarazo de dos meses.
“Hay que meterle la lupa a los cuerpos de seguridad en el municipio Bruzual. En este caso a funcionarios de Polianzoátegui que se aprovechan del orden legal para ejecutar violencia policial contra la población en las presuntas detenciones arbitrarias. Con el objetivo de exigir altas sumas de dinero para no presentarlos ante el Ministerio Público”, manifestó en su momento el defensor de los DD.HH. en la entidad.
