La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado venezolano a abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional. Según la Comisión, la implementación de esta podría generar restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras de derechos humanos.
A través de un comunicado, la CIDH y su RELE expresaron preocupación por la situación. Ya que «el lenguaje ambiguo de esta iniciativa pueda dar lugar a una interpretación subjetiva por parte de autoridades -particular si las actividades realizadas por las organizaciones de derechos humanos en el país serían contrarias a los intereses del Estado– conduzca a su cancelación arbitraria. La libertad de asociación es fundamental para ejercer la labor de defensa de derechos humanos.»
Asimismo, según el comunicado publicado, creen necesario que los Estados cuenten con organismos competentes para el registro de organizaciones. Estos deben evitar marcos legales amplios que otorguen un excesivo margen de discrecionalidad a la autoridad que lo aplica.
La CIDH recuerda que, si bien la obligación de garantizar el derecho de asociación no impide reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, los requisitos legales que se impongan no deben impedir, retrasar o limitar la creación o funcionamiento de estas organizaciones. Como ha establecido la Corte Interamericana, la libertad de asociación debe garantizarse sin intervención o presiones de autoridades públicas.
Según la CIDH, no es la primera vez que el Estado busca imponer restricciones a las organizaciones
Esta no es la primera vez que el Estado venezolano busca imponer restricciones a la sociedad civil. La CIDH y su RELE anteriormente publicaron un comunicado. En este rechazaron la providencia administrativa que buscaba el registro de organizaciones sin fines de lucro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela. A esto se suma la existencia de un contexto adverso para la defensa de los derechos humanos en el país; en el que se han reportado recurrentes campañas de desprestigio, estigmatización, actos de hostigamiento y criminalización contra los defensores de derechos humanos.
La Comisión y su Relatoría reiteraron la obligación del Estado de garantizar un ambiente propicio para la defensa de los derechos. La labor que ejercen los defensores de derechos humanos es fundamental para la consolidación de una sociedad democrática y del Estado de Derecho. Por ello, instan a Venezuela a abstenerse de aprobar el anteproyecto.
