Desde la Universidad de Los Andes (ULA), en el núcleo Táchira, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y familiares conmemoraron a los caídos en las protestas de los años 2014 al 2019 del estado. Yetsy Mayorga coordinadora regional de la alianza Todos por la Educación expresó que “a través de un mural humano queremos recordar a todos los héroes caídos durante las protestas en rescate por la democracia”. Además, la activista comentó que son 19 jóvenes tachirenses que fallecieron en la entidad andina.
Los gremios, organizaciones no gubernamentales, familiares y profesores de las universidades exigieron justicia ante estos hechos que ocurrieron en los años de protesta. Mayorga denunció “no es posible que si exigimos nuestros derechos a través de las protestas el Gobierno Nacional responda con represión a todos. Además, exigimos justicia en los casos impunes que aún están vigentes”.
Por su parte, María Carrillo representante de la sociedad civil, señaló que “recordamos con dolor todos los jóvenes que quisieron luchar por tener una Venezuela libre. Es irreparable las perdidas de cada uno de ellos”. Los familiares de los fallecidos en protestas exigen al Ministerio Público que se lleven a cabo los procesos correspondientes para hacer justicia.
Exigen justicia para los asesinados en protestas
Edixón Figueroa representante de la ONG Juventud Táchira y Jóvenes por la Democracia, exhortó al Estado venezolano a dar repuesta de los casos de represión. “El Gobierno es responsable de todos los jóvenes que fueron asesinados en protestas. Queremos que ningún caso quede impune y seguiremos alzando la voz de todos los que ya no están vivos en Venezuela”.
La organización Todos por la Educación seguirá realizando actividades en memoria de todos los caídos en diferentes estados del país. La coordinadora regional Yetsy Mayorga reiteró que “este mural que hicimos aquí en el estado, se podrá movilizar para otros y así poder recordar, levantar la voz exigiendo justicia y que no queden olvidados nuestros héroes”. La sociedad civil, ONG y profesores esperan que los funcionarios implicados en estos hechos no queden impunes ante la ley.
