El Estado venezolano busca a través del proyecto y aprobación de la Ley de Cooperación Internacional la eliminación de las ONG en el país. Clara Ramírez, coordinadora del área de documentación de la ONG FundaRedes en el estado Táchira, denunció que “el Estado venezolano procura cerrar los espacios civiles y criminaliza a quienes promovemos y defendemos los Derechos Humanos en Venezuela”. Las ONG en Venezuela velan los espacios que el Estado no cubre en las necesidades primarias a la población.
El borrador del proyecto de ley en los artículos 25 y 26 señala que el Gobierno puede evaluar lo que hace cada ONG. A esto Ramírez añadió que, “estos artículos son muy subjetivos. Pueden realizar evaluación a las actividades que realizan las ONG y así poder eliminarlas, prohibirlas y esto vulnera a los ciudadanos en sus derechos”. La población en general puede quedar afectada y los grupos más vulnerables serían los niños, niñas y adolescentes, personas mayores, entre otros.
Además, la coordinadora de documentación de FundaRedes resaltó que “Las ONG pueden eliminarse en Venezuela. Esto es una retaliación por parte del Estado, las ONG visibilizan las violaciones de DDHH y hay que recordar que investigan al Gobierno de Maduro”. Venezuela está en proceso de investigación por la Corte Penal Internacional (CPI) desde el año 2021.
ONG estarían en peligro de aprobarse el protecto de ley de cooperación internacional
La población venezolana vive una compleja crisis humanitaria y, según la coordinadora, “al cerrar el espacio civil y la libertad de asociación puede ocurrir un aumento de la vulneración de los derechos humanos afectando a las víctimas y la libertad de expresión”. La ley puede también supervisar los medios independientes en el país.
De aplicarse esta ley en Venezuela por parte del Estado, la comunidad internacional juega un rol importante en el mecanismo para levantar la voz en la defensa a los Derechos Humanos. Al respecto Ramírez expresó como “en Nicaragua sucedió que el gobierno también eliminó las ONG”. Agregó que estas leyes podrían limitar a la sociedad civil. “La ley al aprobarse será un instrumento para perseguir y hostigar a las organizaciones”. Se espera que la comunidad internacional y las organizaciones rechacen las acciones que pretende tomar el Gobierno Nacional con la ley de Cooperación Internacional.