El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, inició este lunes un juicio por presunto “delito de difamación agravada continuada” contra Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de PROVEA, y el padre Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla; tras la exigencia de una investigación formal por la presunta responsabilidad en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales en Carabobo.
Esto ocurrió luego de que el pasado 14 de marzo ambas organizaciones presentaron el informe de Lupa por la vida 2021. En este los resultados arrojaron que la policía de Carabobo fue la más letal de Venezuela, con 221 ejecuciones extrajudiciales.
Marino Alvarado, coordinador de accesibilidad de Provea explicó que recibieron una notificación de un tribunal penal carabobeño. Cataloga la demanda como parte de la criminalización y persecución que viven las ONG en el país.
“Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos, deben investigarse autores materiales y las cadenas de mando. Esta es la consecuencia y el riesgo que corremos los defensores por ser exigentes, porque pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran la mayor responsabilidad”, manifestó.
También aclaró que las organizaciones no responsabilizan directamente a Lacava de ser el autor de las ejecuciones extrajudiciales. Pero en su función de máxima autoridad debe investigarse, y los tribunales se encargarán de que se determine su inocencia o no.
Por último, exhortó a la Defensoría del Pueblo a que colabore con la Fiscalía para iniciar investigaciones. No solo las de Carabobo sino las 1.414 ejecuciones extrajudiciales documentadas en el 2021, a las que se les unen 234 registradas en Zulia, 158 en Aragua, 119 en Anzoátegui y 115 en Distrito Capital.