El Observatorio Ciudadano de Corrupción se encuentra constituido por una coalición de organizaciones y actores sociales de 19 países del continente americano. Ellos se encargan de manera conjunta del desarrollo de reuniones, talleres, foros, consultas individuales o colectivas que más allá de la plataforma web les permita monitorear los acuerdos adoptados por los gobiernos en la región durante la VIII Cumbre de las Américas celebradas en 2018, en Lima, Perú. Venezuela es uno de esos 35 países que lo firmaron.
Al firmarlo, adoptaron la obligación internacional de avanzar en la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad democrática ante este fenómeno denominado corrupción, el acceso a la información pública y demás.
El compromiso de Lima se volvió una oportunidad primordial para rescatar a nivel internacional una serie de compromisos contra la corrupción en la región. A través del observatorio se presentaron recientemente 19 informes nacionales y cinco informes temáticos. Estos para abordar las diferentes problemáticas de los países que integran el continente que han firmado o suscrito este tipo de actos.
Un país lleno de irregularidades
La ausencia de voluntad por parte de los actores claves en el país para avanzar en la adopción de estos compromisos desde 2018, demuestra la necesidad de fortalecer a nivel normativo e institucional diversos campos para contrarrestar la corrupción. Desde el nacimiento de este tipo de acuerdos hasta la actualidad Venezuela alcanzó tan solo 0,27 puntos sobre un total de 3 en la valoración.
Esto coloca por debajo de la mediana a Venezuela, evidenciando que se han dejado a un lado alguno de los compromisos adoptados en 2018. En el campo de la transparencia, acceso a la información y protección del denunciante o el financiamiento de la política registraron una puntuación de 0.33 de 3 puntos (0,33/3). Esto aborda solamente un 11% de la calificación máxima.
También, dentro de estas publicaciones se hizo hincapié en que aun no se cuenta con una ley de acceso a la información pública; además de la preocupación existente porque se presenta desde 2016 una concentración notoria de poderes. El presupuesto nacional se volvió un secreto para el Ejecutivo Nacional, mientras que en el campo de los procesos electorales se otorga cierto grado de libertad a grupos en especifico para generar un ventajismo político durante los tiempos de campaña.
Asimismo, en el área de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la puntuación obtenida por Venezuela fue de 0.28/ 3 (9,3%). En la práctica, el 93% de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia favorece al Ejecutivo Nacional y a la Administración Pública.
Venezuela entre los últimos países
La falta de políticas imparciales, efectivas, eficaces que busquen la igualdad de género en diferentes espacios como una política anticorrupción se ha vuelto un problema para la garantía y respeto de los acuerdos de Lima de 2018.
Además, en el área de contrataciones, compras y obras públicas, Venezuela obtuvo 0,22/3, representando un 7,3% en base a la mediana máxima. Este tipo de información no existe en el país, lo que genera diferentes interrogantes acerca de las medidas de transparencia suscritas hace 4 años atrás.
Finalmente, en estos 5 informes pueden observarse las calificaciones del país en estos procesos de monitoreo para el cumplimiento de los 19 compromisos de Lima. Esto sitúa al ejecutivo nacional entre los últimos países, junto a Nicaragua, República Dominicana o Haití, en la lucha contra la corrupción.