Los presos políticos Walter Mayorga y Marller González, detenidos arbitrariamente hace más de 6 años; fueron declarados inocentes del cargo de homicidio intencional y puestos en libertad.
La jueza Lucy Terán dictó libertad plena para los dos jóvenes, acusados por el asesinato con alevosía de un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, hecho ocurrido durante las protestas del 2014.
Según el comunicado presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, «antes de que el Tribunal de Juicio dictara la sentencia, la Fiscal Cuarta del Ministerio Público, Lupe del Carmen Fernández Rodríguez, pidió en sus conclusiones la condena para estos jóvenes, pese a no haber presentado durante todo el juicio ninguna prueba incriminatoria. Fernández es la misma fiscal que el 15 de diciembre de 2020 ejerció un efecto suspensivo a la sentencia absolutoria dictada a Erickvaldo Márquez Moreno; joven que estuvo preso durante casi cuatro años acusado de un asesinato cometido en las protestas sociales de 2017. A pesar de ser inocente, Márquez pudo salir en libertad más de seis meses después».
El patrón que repite el Estado nuevamente se evidencia con estos presos políticos
Nuevamente se evidencia el patrón de acusación que repite el estado en contra de a quienes se denominan presos políticos. En el caso de Stiven García, Walter y Marller, estuvo presente un «chivo expiatorio», el cual los incriminó en actividades violentas de las cuales no habían protagonizado.
Es de resaltar que los jóvenes no se conocían antes de ingresar a prisión. No obstante, la fiscalía los acusó de que ambos participaron en el homicidio del funcionario.
Por otro lado, el Observatorio resalta otros casos parecidos, en el que indican que: «este caso y los de Erickvaldo Márquez, Steven García y Daniel Parra, todos detenidos por asesinatos cometidos en el contexto de las protestas sociales de 2014 y 2017, los propios funcionarios del Circuito Judicial Penal del estado Mérida los llaman como “casos guarimba”. En ninguno hubo pruebas de los delitos imputados por la Fiscalía. Todas las acusaciones se basaron en testigos anónimos cuyos testimonios no coincidían entre sí».