La red de educadores del Observatorio de Educación de FundaRedes, en alianza con organizaciones como Creemos Alianza ciudadana, Todos por la Educación y Colegio de Licenciados Seccional Táchira, vienen monitoreando las distintas y consecuentes violaciones de Derechos Humanos a los estudiantes a nivel municipal, regional y nacional. Por ello acudieron a la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira, donde hicieron incidencia pública en busca de reactivar el pasaje estudiantil.
La información la dio a conocer Mackler García Coordinador del Observatorio de Educación, activista y defensor de los derechos humanos de la ONG FundaRedes. Junto a demás organizaciones en alianzas ciudadanas, vienen monitoreando acciones y situaciones donde se vulneran los derechos humanos relacionados con la educación de niños, niñas y adolescentes, así como el sistema educativo venezolano.
“Acudimos ante el defensor del pueblo para que funja como intermediario. Citando testimonios de padres y representantes que hoy atraviesan situaciones complejas en cuanto al tema del pasaje en transporte urbano e interurbano, dentro y fuera del municipio capital y la reactivación del ticket estudiantil que fue suspendido desde hace más de cinco años”, dijo Mackler García.
El Estado debe mejorar las condiciones para los estudiantes, según FundaRedes
Detalló que, hoy en día los estudiantes deben cancelar el 100% del pasaje en transporte público. Por lo que el llamado es al Estado venezolano para que, «se tomen medidas que brinden condiciones y mejoren las posibilidades de reactivar el beneficio del pasaje estudiantil en Táchira», afirmó.
A su vez García destacó que, «un ejemplo palpable es en el municipio Junín. Cualquier estudiante para poder trasladarse a San Cristóbal debe cancelar a diario 12 mil pesos colombianos, es decir, ida y vuelta. A la semana serían 60 mil pesos, y al mes 240 mil, una cifra pesada para que muchos estudiantes, padres y representantes puedan costearse. Por lo que se ven en la obligación muchas veces, de no asistir a las instituciones educativas».
El propósito es que a través de la Defensoría del Pueblo se transmita dicha incidencia a las instancias necesarias para buscar soluciones. «El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar cada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en la LOPNA. Así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,» aseguró el defensor de derechos humanos.
FundaRedes de forma constante ha denunciado las distintas arbitrariedades que tiene que vivir el sector educativo. Como los bajos salarios que se devengan en el país que afectan directamente a los sectores más frágiles; vulnerando en el principal de los casos el derecho a la educación, el cual es primordial para el desarrollo de un país.
