La mañana de este jueves, socios de la Caja De Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del estado Anzoátegui (CAPSTEEA) protestaron frente a la sede del Ministerio Público (MP) en Puerto La Cruz. La protesta se realizó para exigir respuesta sobre la invasión de 120 apartamentos que pudieron adquirir gracias a esta entidad de crédito.
De acuerdo con la señora Maira Marín, al menos 120 familias se han visto afectadas por dicha situación. Acotó que, pese a las peticiones que se han elevado ante diversos organismos, no han recibido ningún tipo de pronunciamiento.
“Nosotros los adjudicados, que en su mayoría somos docentes, que construimos esos edificios para 120 familias con nuestros ahorros, con nuestras prestaciones sociales, hoy nos encontramos en la calle porque fuimos invadidos en agosto de 2018 y esta es fecha que nos han vacilado, nos han peloteado y no tenemos respuesta”, dijo Marín.
Por su parte, Carmen Hernández, jubilada del Ejecutivo regional, es otra de las personas que se han visto perjudicadas por la invasión de las viviendas que reclaman los socios de CAPSTEEA. La educadora contó que su sueño se vio frustrado al no poder tomar posesión de su casa en el conjunto residencial (CR) para el que tanto ella como más de 4.200 docentes afiliados aportaron todas sus prestaciones.
“¿Cómo es posible que después de cuatro años estemos en la calle todavía? Ahora sin recursos de prestaciones, con un salario que no da para pagar un alquiler y con unos apartamentos invadidos. El ciudadano común invade porque dice que es del Estado, o la gente se fue del país. Pero nosotros no nos hemos ido del país y eso tampoco se construyó con recursos del estado” señaló.
Hernández considera que la invasión de los apartamentos fue una acción «delincuencial”, ya que, expresó, “ninguna persona honesta, responsable, sería es capaz de meterse en una propiedad que no le corresponde”; por lo tanto, exhortó al fiscal Tarek Willian Saab a pronunciarse sobre el asunto.
La maestra Eglis Farías, con 25 años de servicios y “prejubilada”. Contó que vivió alquilada y debido a que el sueldo no le alcanzaba para pagar, tuvo que mudarse a casa de su mamá. Esto, pese a tener su apartamento que logró adquirir a través de CAPSTEEA, pero que fue invadido.
“Estamos cumpliendo cuatro años de lucha. Ya estamos desgastados. Pidiendo que se pronuncien las autoridades para que nos entreguen nuestros apartamentos. Trabajamos para nuestros hijos, para formar nuestros hijos y para vivir con calidad de vida, lo que no nos respetaron”, expresó.
