Este lunes, autoridades universitarias y sindicalistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante una rueda de prensa denunciaron las imposiciones por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Pues, las autoridades universitarias consideran que la OPSU ha hecho una “conculcación de los derechos laborales de trabajadores de la UCV”.
Esta consideración la hacen tras la OPSU reducir y eliminar algunos beneficios laborales, como las primas de antigüedad. Dicha eliminación de beneficios se debe a un nuevo instructivo para el pago de salarios que aprobó el Estado venezolano el pasado 15 de marzo.
“En esos lineamientos, aparte de la abolición de los convenios internos de todas las universidades nacionales, hay una disminución de todos los beneficios. El caso más representativo es el de la prima de antigüedad, donde están obligando a las instituciones universitarias que apliquen la nueva fórmula del instructivo”, explicó Yanetzy López, coordinadora administrativa del rectorado de la UCV.
Por su parte, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, también rechazó estos lineamientos en contra de los trabajadores. Por ello, aseguró que se tomarán las medidas necesarias para que sea derogado el instructivo.
“Es injustificable que nos quiten un derecho que viene desde el 2008, como es la prima de antigüedad. ¿Nosotros nos vamos a quedar como si nada?, pues no”, expresó Arocha en su intervención en la rueda de prensa.
Dirigentes sindicalistas sobre la violación a sus derechos laborales
En esta rueda de prensa también dijeron presente líderes sindicales, entre ellos Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores (SINATRA) de la UCV. Sánchez denunció que los instructivos y nuevos lineamientos para el pago del salario se trata de una política de Estado que busca empobrecer más al venezolano.
En este sentido, el líder sindical precisó que con este instructivo se está haciendo una reducción entre el 42% y 70% del salario.
“Toda una política con la intención antiobrera destinada al empobrecimiento de los trabajadores. Política que viene siendo dirigida desde el Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Educación Universitario”, expresó Sanchez.
Finalmente, las autoridades universitarias y sindicalistas aseguraron que habrá una agenda de lucha para denunciar esta situación en instancias nacionales como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.