Este jueves, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó que seis militares detenidos en el estado Monagas serán trasladados a la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda.
Los privados de libertad se encuentran en el Departamento de Procesados Militares (Deprocemil), ubicado en la cárcel de La Pica, en Maturín, capital del estado Monagas.
Aunque la orden de traslado fue anunciada el 28 de abril, se desconoce la fecha de la misma. Sin embargo, de acuerdo con la ONG, este traslado se debe a las exigencias de unas mejores condiciones para las visitas que habrían hecho los militares detenidos. Pues, los reclusos solicitaron que sus familiares puedan visitarlos hasta los dormitorios y no en un área común como se acostumbra.
No obstante, UVL recordó las condenas hechas hacia el grupo de militares. Uno de ellos fue acusado de sustraer municiones en el municipio Bermúdez, estado Sucre.
Los otros cinco militares fueron condenados por un mismo hecho, según lo reseñado por la ONG. «Se trató de un supuesto plan para detener a la entonces gobernadora de Monagas, Yelitza Santaella, y al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Monagas, general Ovidio Delgado. También, incluía un presunto atentado en contra del comandante del Batallón 322, teniente coronel Tomás Hiran Montesinos», explicaron.
LA ONG SOBRE LA SITUACIÓN EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN
En este sentido, UVL señaló, en su más reciente informe, la crítica situación de hacinamiento y desnutrición que existe en los Centros de Detención Preventiva (CDP).
En el informe publicado el pasado 21 de abril, la organización detalló que hay un total de 8.319 privados de libertad en 151 CDP. Pero, los mismos tienen una capacidad instalada de apenas 4.062. Esto, se traduce en que los centros están al doble de su capacidad.
En la misma línea, aseguran que todo esto es producto del retraso de los traslados de los detenidos a los centros de reclusión definitivos. La realidad es que los acusados deben permanecer en los CDP solo 48 horas lo cual no se cumple.
En cuanto a las condiciones de salud, la ONG identificó a 554 reclusos con desnutrición, 207 con tuberculosis, 45 con VIH y 24 con COVID-19. Para la organización, las autoridades no tienen la intención de atender la situación. Pues, entre octubre de 2021 y marzo 2022 fallecieron 15 privados de libertad por complicaciones de salud.