Diversos presos políticos en Mérida viven una odisea para conseguir la libertad. Este es el caso de Walter Mayorga y Marller González, detenidos arbitrariamente hace más de 6 años, quienes han vivido un proceso totalmente irregular.
Según el abogado de la defensa y asesor jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Jean Carlos Jaimes, a los jóvenes venezolanos se les han diferido más de 30 audiencias a lo largo del proceso.
Tanto Mayorga como González han pagado una pena de banquillo por más de 6 años, sin tener una sentencia. Pues, solo la audiencia de conclusiones se ha diferido cuatro veces seguidas.
Jaimes expuso que dicha audiencia tenía fecha para diciembre del 2021. Sin embargo, la jueza encargada del caso se ha encargado de diferir durante estos cuatro meses la misma, impidiendo que los detenidos obtengan su sentencia.
«Hemos venido de diferimiento en diferimiento desde diciembre del año pasado. Pese a que ha pasado mucho tiempo, la jueza expone que se debe diferir sin ningún tipo de motivo. Por ende, caemos en dilaciones indebidas en casos de privados de libertad que tienen seis años y dos meses esperando», comentó el abogado.
En este sentido, indicó para La TV Calle que durante todo el proceso se han diferido entre 32 y 33 audiencias. Entre ellas resaltan las últimas cuatro, de las cuales dependen la libertad de los imputados.
Un patrón que se repite con los presos políticos en Mérida
Para Jaimes, el patrón de buscar un chivo expiatorio se ha repetido en múltiples casos de presos políticos en Mérida, como por ejemplo el de Stiven García.
García también fue defendido por el abogado Jaimes, y fue injustamente detenido señalado como presunto homicida. No obstante, se comprobó que es inocente y fue puesto en libertad después de 6 años detenido.
«Podemos notar un patrón en el que la Fiscalía inventa un testigo que no se conoce ni se conocerá y que permite que las personas inocentes queden privadas de libertad», expresó Jaimes.