La coalición de organizaciones creada para documentar los crímenes de lesa humanidad en Carabobo se trasladó nuevamente a la sede regional del Ministerio Público. Esto, para exigir justicia para las víctimas del allanamiento de la UC y conocer el estatus del procedimiento legal para identificar la cadena de mando de los hechos ocurridos el 7 de abril del 2017.
Luego de 5 años de la aprobación y ejecución del Plan Zamora, donde efectivos de la GNB, PNB y Policía de Carabobo ingresaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo (UC) para reprimir una protesta estudiantil, todavía las víctimas no tienen una respuesta a sus denuncias.
La institución asegura que “no hay documentos ingresados, en calidad de víctimas, sobre los hechos ocurridos en la Carabobo”. Esto, pese a que el allanamiento dejó un saldo de 26 heridos, 2 de ellos por impactos de bala.
Dicha situación generó ruido porque el entonces gobernador, Francisco Ameliach, solicitó la investigación sobre “la presunta violación del recinto universitario”. En la misma, se destituyeron a 30 funcionarios con “todas las pruebas, con todas las evidencias”, según el mayor general Antonio Benavides Torres.
Exigen justicia ante allanamiento de la UC
Gabriel Cabrera, líder de la coalición, hizo un llamado a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional sobre el caso. “Cuando quedan menos de 10 días para que se termine el plazo para determinar los crímenes de lesa humanidad del Estado venezolano, esperamos que a través de la oficina atiendan estos casos que tanto daño le hicieron a los carabobeños”, dijo.
Por su parte, plataformas como Gritemos con Brío, el Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, Todos por la Educación, Sin Mordaza, la Casa Arturo Uslar Pietri, federaciones estudiantiles y defensores de DDHH, apoyaron esta iniciativa.
Explican que el objetivo es tener respuesta sobre los documentos que ingresaron en años anteriores sobre el allanamiento de la UC. Pues, si los entes insisten en que no los encuentran, tendrán que introducir nuevamente las denuncias para que ningún crimen quede impune.
“Le decimos a la CPI y los organismos internacionales que en el estado Carabobo se cometieron actos crueles e inhumanos. Hoy, los mismos jóvenes que estuvimos al frente de las universidades en las protestas del 2014, 2017 y 2019, somos profesionales. Estamos al frente de la sociedad civil y no olvidamos. Exigimos justicia”, finalizó Cabrera.