Diversas organizaciones de DDHH valoran la instalación de la oficina descentralizada de la Fiscalía CPI en Caracas y exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad
Las organizaciones saludaron el reciente anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A.A. Khan, sobre el establecimiento de una oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI en Caracas. Pues, la misma trabajará de manera conjunta con importantes aliados internacionales. Sin embargo, consideramos necesario enfatizar algunos aspectos esenciales al respecto los cuales son expuestos a continuación.
¿Cómo debe ser la oficina descentralizada según las organizaciones?
En primer lugar, la necesidad de contar con una oficina efectiva, que pueda cumplir con su mandato a cabalidad. Confían en el valor de la presencia local de la CPI a través de una oficina descentralizada. Para ello, hacen un llamado a que la misma esté dotada del presupuesto necesario para poder tener un impacto real y significativo.
Asimismo, esperan que dicha oficina esté debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno. Saludan los anuncios realizados en torno a asegurar la cooperación por parte de las autoridades nacionales para la instalación de dicha oficina, así como para la entrada al país y libre circulación de su personal.
No obstante, las organizaciones notan con preocupación, el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado. Por esto, alertan sobre tales riesgos y piden que se hagan todos los esfuerzos para asegurar una oficina descentralizada que pueda trabajar de modo oportuno, seguro, efectivo, e independiente.
Segundo aspecto
En segundo lugar, expusieron la necesidad de que la oficina trabaje con todos los actores claves. Si bien reconocen la intención de la oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI de estrechar lazos de cooperación con otros actores internacionales claves en el marco de la investigación en Venezuela, consideran esencial que la misma establezca también una relación de trabajo y una cooperación efectiva con otros actores. Entre ellos la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MII), la cual ha documentado los crímenes internacionales cometidos en Venezuela, así como el estado actual del poder judicial.
Tercer aspecto
La necesidad de que la oficina pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil. Pues, la interacción de la Fiscalía con la sociedad civil venezolana, sobre todo con las víctimas, sobrevivientes, sus familiares, y sus representantes, es un asunto de enorme relevancia.
En este sentido, manifestaron la preocupación por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil que se han suscitado por parte de la gestión del fiscal Khan en el marco de sus dos visitas a Venezuela. De esta forma, hicieron un llamado a que la oficina de la Fiscalía de la CPI pueda generar espacios seguros y transparentes de diálogo con las víctimas y la sociedad civil en Venezuela.
Todo con las debidas garantías ofrecidas por parte del gobierno de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina. Asimismo, reiteraron a la oficina de la Fiscalía su firme interés de continuar un diálogo fluido en todos los espacios de interacción posibles, incluyendo en La Haya.
Cuarto aspecto
En la misma línea, las organizaciones mostraron su preocupación frente al trabajo con el sistema judicial venezolano. Manifestaron profunda preocupación sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano. De acuerdo con lo expresado en sus comunicados, parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Además, enfatizaron en que el actual sistema judicial está severamente cuestionado, no solamente porque su conformación incumple los estándares mínimos de imparcialidad e independencia, sino que además ha sido una pieza clave en la política de represión y afianzamiento de la impunidad.
En este sentido, es preciso referirse al segundo informe de la MII, del 16 de septiembre de 2021, en el que concluyó que “los actores judiciales y fiscales no previnieron las violaciones y delitos cometidos por otros actores del Estado contra opositores reales o aparentes (…). Estos incumplimientos contribuyeron directamente a la impunidad de los delitos y las violaciones de derechos humanos e impidieron que las víctimas de las violaciones perpetuadas por los órganos de seguridad e inteligencia del Estado accedieran a recursos legales y judiciales efectivos”.
Poder judicial venezolano
Toda esta información fue corroborada también desde la OACNUDH en su informe anual de 2019. El mismo resalta que “la falta de independencia del poder judicial y la corrupción en su seno constituyen importantes obstáculos a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
Por lo anterior, aunque valoran las referencias realizadas por la Fiscalía de la CPI en el Memorando de Entendimiento celebrado con el gobierno de Nicolás Maduro, consideran importante que la Fiscalía incluya dentro de su mandato medidas de complementariedad positiva. Esto, con el fin de fortalecer la capacidad de los operadores judiciales de investigar crímenes de esta naturaleza. Pues, se preocupan por las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente.
Por ello, consideran que, a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado, el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes. Sobre todo, frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Quinto aspecto
Las organizaciones también expresaron preocupación frente a la incertidumbre del rumbo de la investigación. En relación a las garantías que el Estatuto de Roma ofrece en torno a la complementariedad, incluyendo las medidas a la luz de los artículos 18 y 19, les preocupa la falta de claridad del rumbo de la investigación en Venezuela. Incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados por la Fiscalía de la CPI.
Les resulta inquietante la falta de claridad sobre una idea fundamental: que la investigación en la CPI va a continuar. El lenguaje utilizado en el referido comunicado del fiscal Khan en torno a que la investigación no es una vía “uni-direccional”, requiere mayor precisión. Del mismo modo, es muy importante que se hagan públicas las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron la apertura de una investigación.
Último aspecto a considerar sobre la oficina descentralizada de la Fiscalía de la CPI
Finalmente, resaltaron que debe considerarse un enfoque de género en la investigación. Para ello, invocaron a la Fiscalía de la CPI a que, a lo largo de su investigación, adopte un enfoque de género necesario no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes.
Desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz. En especial las mujeres quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y son quienes suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación.