El conflicto armado en Apure es una prueba contundente de que los DDHH en Venezuela son violentados de forma indiscriminada por un Estado que incumple su cometido constitucional.
Además, se demuestra cómo se vulnera el derecho a la vida, salud, educación y sobre todo a la libertad, con el caso concreto de la detención arbitraria del director de FundaRedes, Javier Tarazona
El año 2021 destaca, como reflejo de la emergencia humanitaria compleja, un significativo incremento en la conflictividad y la violencia, especialmente en el estado Apure y los espacios fronterizos. Se produjeron graves enfrentamientos armados, redistribución de las estructuras irregulares de poder, así como pugnas por el control del territorio, recursos y rutas para el comercio ilícito y el narcotráfico.
Todo esto fue el punto de atención de FundaRedes en su informe anual 2021, a través de una presentación virtual. La misma contó con la participación del Abg. Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea y la Abg. Clara Ramírez, gerente de documentación y DDHH de FundaRedes.
Conflictos armados
Así pues, en 2021 se registraron 317 presuntos enfrentamientos en los que 439 personas murieron. Esto, representa 45% del total de las víctimas de homicidio en los seis estados fronterizos, incluyendo en el conflicto en Apure.
Es decir, casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes. Asimismo, se evidenció un total de 979 víctimas de homicidio, junto al asesinato de 39 niños y adolescentes.
Gracias a la investigación, documentación y denuncia del equipo de activistas y defensores de FundaRedes, se destaca que hay un silencio permisivo del Estado venezolano ante las acciones de Grupos Armados Irregulares (GAI). Todo sumado a su actuación en asociación con los cuerpos de seguridad para la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas.
Actuaciones que ponen en peligro inminente a la población, quienes producto de esa dinámica, terminan como nóminas de los GAI, mafias y bandas que conspiran contra la vida, seguridad, bienestar y libertad.
La población es víctima de atropellos
Igualmente, la población queda como víctima de los grupos criminales que pretenden reducirlos a condiciones de servidumbre, o esclavitud moderna en medio de una balcanización.
Por ende, los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela han sido despojados de sus territorios y caído en un absoluto abandono por parte del Estado venezolano. Así pues, se encuentran expuestos a las violentas acciones de los GAI, quienes ejercen sus acciones delictivas a lo largo del Arco Minero.
Además, controlan el paso de personas y mercancías, utilizando estos espacios para el tráfico ilícito de combustibles y minerales derivados de la explotación irracional del suelo, como oro, diamantes y coltán.
Absoluto silencio del Estado en Apure
Durante la transmisión virtual del informe anual 2021, participó el abogado Marino Alvarado. En su intervención, destacó que, “existe un silencio absoluto con el tema del conflicto en este estado. Por ello, exhortamos al Estado venezolano a que explique al pueblo hasta dónde han avanzado las investigaciones de la masacre en El Ripial, estado Apure”.
Sumado a esto, detalló que, “en el caso del conflicto en Apure se llevó a cabo la ejecución extrajudicial de cinco personas por funcionarios de fuerzas de investigaciones especiales. Testigos señalan a las FAES como responsables”.
“Desde Provea extendemos toda nuestra solidaridad con todas esas personas que han tenido que huir como consecuencia del conflicto armado. Todo, producto de las graves violaciones a DDHH que se han dado en el contexto del conflicto. Así como lo ocurrido con Javier Tarazona quien, por denunciar lo que viene sucediendo en Apure y los abusos frente a un poder que viola los DDHH en estados fronterizos, está injustamente privado de su libertad”, dijo el abogado.
Marino Alvarado finalizó resaltando que “se debe mantener el respeto a los DDHH en la frontera. No puede ser que, en nombre de garantizar derechos, haya más inseguridad y atropellos. La población es quien sufre estas consecuencias”.
Encarcelamiento y violación de DDHH injustificados
FundaRedes ha jugado un papel fundamental en este proceso de visibilizar los eventos de violación de DDHH. Además, ha dedicado esfuerzos a mostrar la total opacidad que el Estado propicia ante tanta vulneración.
“Pero este monitoreo constante no está exento de riesgos. Siendo el más palpable, la detención arbitraria de activistas de la organización en los meses de marzo y julio. Entre las que todavía se mantiene la del director de FundaRedes Javier Tarazona. Desde el 02 de julio de 2021, Tarazona vive el calvario de haber sido sometido a un encarcelamiento injusto y el desarrollo de un proceso de criminalización judicial, carente de elementos probatorios en su contra”, denunció Clara Ramírez, durante su intervención en la presentación virtual del informe anual 2021.
El delito que le pretenden recriminar es el de haber levantado la voz de la conciencia nacional ante el abandono deliberado de las responsabilidades del Estado, “en cuanto a la defensa de la soberanía nacional en el espacio fronterizo”.
Asimismo, el de denunciar que el Estado incumple su deber de protección a la población ante los desmanes de los GAI, así como la complicidad de algunos agentes del poder con diferentes grupos que operan deliberadamente.
Caso Tarazona
Ramírez resaltó que “en el año 2021 nos dividimos en tres momentos fundamentales. Los meses previos al conflicto en Apure, de marzo a junio donde se evidenció cada hecho dentro de este conflicto armado, y desde el mes de julio posterior a la detención de Javier Tarazona”.
El derecho a la libertad personal resalta dentro del informe. Este, así como el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Para ello es necesario gozar de un sistema de protección a cargo del Estado. Pero, las evidentes actuaciones, reflejan su incumplimiento y opacidad que solo buscan silenciar las voces de quienes defienden los DDHH.
Además, la abogada dijo que “a pesar de lo vivido durante el inicio y proceso de los hechos violentos en Apure, nos hicimos presentes allí. Siendo las víctimas directamente quienes dieron sus testimonios. Pero lamentablemente visibilizar todo lo ocurrido comenzó a traer consecuencias a la organización. Fue ese 02 de julio que el Estado venezolano materializó todas las amenazas y actos donde señalaban que FundaRedes mentía e instigaba al odio. Desde ese día lamentablemente se violan los DDHH de nuestro director general Javier Tarazona”.
Agradeció, en nombre de Javier Tarazona, Rafael Tarazona, Omar de Dios García, sus familiares y todo el equipo de FundaRedes, al movimiento de DDHH nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del Táchira y estados fronterizos. Pues, “desde el día uno han apoyado a la organización exigiendo la libertad de Javier Tarazona. Gracias”.
Nota de prensa
