Cuando se cumplen cinco años del inicio de las movilizaciones del año 2017, donde a través de la implementación del Plan Zamora fueron violentados de forma grave los DDHH en el estado Carabobo, representantes de distintas organizaciones sociales se acercaron a la sede de la Fiscalía con tres peticiones de información.
Esta acción, además, se da a 15 días de que se venza el plazo que la Corte Penal Internacional (CPI) le dio a Venezuela. Todo, para presentar su defensa ante las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en el territorio.
Peticiones de los representantes en Carabobo
Gabriel Cabrera, coordinador del Centro de Desarrollo Democrático explicó que la primera solicitud formal es para conocer cómo está la investigación, del 7 de abril del 2017, sobre el allanamiento a la Universidad de Carabobo. En este, más de 30 estudiantes fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos y todavía no se han identificado a los funcionarios públicos culpables.
A su vez, volvieron a solicitar el acceso al expediente de Moisés Cordero, víctima de represión el 23 de febrero del 2019. El joven perdió el ojo derecho y hay un importante retraso procesal en el caso. Igualmente, se desconocen los detalles de los involucrados y la cadena de mando que dio la orden de disparar.
Por su parte María Alejandra Rotering, coordinadora regional de Un Mundo Sin Mordaza, recordó que ninguna persona debe quedarse sin declarar y denunciar los casos de violaciones de DDHH ocurridos desde el 2014 hasta la actualidad.
Por eso, comentó que existe una Red de Documentación que agrupa una cantidad de abogados y activistas para prestar asesoría jurídica y recopilar los casos. Esto, para presentarlos en un informe ante la CPI.
Dicha red recibe las denuncias a través del correo documentacionclh@sinmordaza.org. Sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, impulsan este proyecto con el objetivo de que ningún crimen quede sin justicia.