Este miércoles, la ONG FundaRedes presentó, de manera virtual, su informe anual 2021. La presentación inició con la recopilación de diversos videos sobre el trabajo de la organización y el trabajo logrado sobre la defensa de DDHH.
Adriangela Álvarez dio el derecho de palabra al abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de la organización PROVEA y a la abogada Clara Ramírez, gerente de documentación y derechos humanos de FundaRedes.
Detalles de la presentación del informe de FundaRedes
Por su parte, Alvarado se encargó de destacar la situación de Javier Tarazona, recordando aquellas personas que han muerto en medio del conflicto armado y aquellas que se encuentran detenidas de manera injusta por el Estado. “A ellos nuestra solidaridad”, dijo el abogado.
Posteriormente, expuso los casos y denuncias que se ha evidenciado en las fronteras. Todo, en medio de las irregularidades con los cuerpos del Estado y los grupos armado al margen de la ley.
“Exhortamos al Estado a que aplique la ley. En PROVEA insistimos en la necesidad que haya una política fronteriza que no esté centrada en seguridad. La política fronteriza debe ser integral. Seguimos teniendo una frontera que no solamente está sometida a la violencia de grupos irregulares, sino también a la violencia del Estado ¿Cuáles son las medidas adoptadas para mejorar la calidad de vida de la población de la frontera?”, cuestionó Alvarado.
Así pues, el abogado orientó su ponencia en tres ejes fundamentales: las necesidades actuales que sufre la población fronteriza en materia de servicios básicos, la violencia en la zona y la necesidad urgente de una política pública amplia e integral.
En otro orden de ideas, Clara Ramírez agradeció la solidaridad con el equipo de la organización y con los integrantes de la misma que fueron privados de libertad. Seguido a ello, subrayó los lapsos de trabajo de la organización de enero a marzo de 2021, previo al conflicto armado en Apure, de marzo a junio, donde vivieron al máximo todos los eventos relacionados al conflicto armado y desde julio hasta hoy día, con la detención de Javier Tarazona.
Violencia en las fronteras
Además, destacó el trabajo de FundaRedes, pues a pesar de tener presencia en 6 estados, han documentado la presencia de grupos armados irregulares en 21 estados del país. “La actuación de grupos armados irregulares en Venezuela, y con mayor énfasis en las regiones fronterizas del país, tiene impacto en diversas áreas o en diversos derechos. Los cuales el Estado venezolano está en la obligación de garantizarnos y no lo hacen”, afirmó.
Por ello, en lo que siguió de la presentación del informe, la abogada narró de forma detallada los sucesos ocurridos en estos períodos de tiempo. Comenzó con la documentación y denuncia de la situación irregular del conflicto armado en Apure. Prosiguió con la persecución y amenaza por entes del Estado. Por último, expuso la detención de los tres activistas de la organización, de los cuales Javier Tarazona sigue detenido.
Finalmente, Clara Ramírez presentó los diversos proyectos de la organización, entre ellos el proyecto de derechos ambientales EPA y el observatorio de educación. De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía a consultar estos informes y trabajos publicados. Esto, para seguir visibilizando la realidad de derechos humanos a nivel nacional.