Representantes de la red de Amnistía Internacional en Venezuela denunciaron el incremento de la crisis de DDHH en el país, la cual se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19.
A través del informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de DDHH en el mundo de 2021, se proyectaron una serie de datos que demuestran la continuidad de las políticas de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro hacia las personas defensoras de DDHH.
En la misma línea, se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y más.
Durante la presentación del informe se destacó el ascenso, de forma asombrosa, de las medidas de estigmatización contra defensores y defensoras de DDHH. Esto, sumado a los límites que poseen las organizaciones de la sociedad civil para ejercer sus derechos. O la invisibilización de los ataques a grupos indígenas en el territorio nacional.
“Cada vez son más las restricciones del espacio cívico. La criminalización de las acciones de la sociedad civil se ha vuelto un patrón común para la detención arbitraria de activistas y defensores de DDHH en Venezuela. También, se está enfrentando un desmoronamiento constante del Estado de derecho en nuestro país”, dijo Carlos Lusverti, representante de Amnistía Internacional Venezuela.
El informe de Amnistía Internacional revela las políticas ineficaces del Estado venezolano
Valentina Ballesta, representante de la red de Amnistía Internacional Venezuela, expresó por medio de un breve resumen la realidad que enfrenta el país ante la protección y garantía de los DDHH. De esta forma, hizo hincapié en los actos inhumanos perpetrados en el año 2021 para reprimir a los activistas en Venezuela.
“En el informe anual se destacan casos como el de los 14 hombres en condición de pobreza que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. También, se resaltan los abusos de poder, las muertes bajo custodia del Estado, las persecuciones contra comunicadores o investigadores en el área de DDHH y demás”, dijo Ballesta.
Asimismo, la representante de Amnistía Internacional asegura que “la escaldada de intimidación a periodistas y activistas fue grave para 2021. Aumentaron los riesgos de criminalización del espacio cívico.”
También, a su juicio, el texto plantea que “en Venezuela no existen políticas para la protección de los Derechos Humanos”.
Javier Tarazona: Un preso de conciencia en Venezuela
Tarazona, a nivel internacional, está categorizado como un preso de conciencia del régimen venezolano. Se trata de un defensor de DDHH que, sin haber empleado la violencia o la fuerza, fue detenido o sometido a restricciones arbitrarias de su libertad como consecuencia de sus trabajos de investigación y creencias.
“Tarazona lleva 9 meses de privación ilegítima de libertad. Esto es una muestra clara de la existencia del retardo procesal en Venezuela, las persecuciones de la sociedad civil y la criminalización del espacio cívico”, indicó Clara Ramírez, abogada de la ONG FundaRedes.
Durante la presentación, Ramírez señaló alguno de los actos de tortura a los que ha sido sometido Javier durante su detención. Entre ellos, mencionó “la asfixia mecánica, consumo de estupefacientes impuestos por las fuerzas de seguridad, golpes y un encierro severo en su celda para evitar ver la luz del sol”.
A nivel internacional se han efectuado diversas solicitudes para la atención del caso de Javier Tarazona. Pero, solamente se ha visto la omisión por parte del Estado para garantizar los Derechos Humanos, quebrantando el debido proceso y acceso a la justicia.
De la misma forma, los panelistas de la presentación instaron al público a que emplearan el #InformeAnualAI. Esto, para visibilizar diferentes realidades planteadas a partir de la página 468 del informe de Amnistía Internacional.