Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera de Colombia y Venezuela han generado un incremento dramático de la violencia en el primer trimestre de 2022. De acuerdo con Human Rights Watch, esto ha impulsado a miles de integrantes de las tribus indígenas a huir de sus hogares para evitar morir en esta clase de hechos.
A partir del 1 de enero iniciaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este conjunto de asociaciones disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.
Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente operaban como aliados, “han cometido múltiples abusos. Incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado”, según señaló Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch.
También, durante la presentación del informe, especificó el vínculo de estas organizaciones con miembros de fuerzas de seguridad venezolanas.
“Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de DDHH que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos”, afirmó Pappier.
Las autoridades hablan muy poco de este problema según Human Rights Watch
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que los grupos armados cometen abusos constantes contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela “en algunos casos, con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
Igualmente, aseveró que la respuesta de las autoridades colombianas ha sido “inadecuada e insuficiente”.
La carencia de pronunciamientos por parte de los representantes de ambos países, ante este contexto de crisis armada en la frontera, demuestra un desinterés. Sobre todo, para visualizar esta clase de situaciones a nivel internacional.
De igual manera, la directora en funciones para las Américas de la organización solicitó a las autoridades colombianas la atención de este conflicto de forma urgente. Pues, destacó que “la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
El gobierno venezolano prefiere abstenerse ante esta situación
Este informe representa el resultado de largos meses de investigación. Se encuentra constituido por diferentes fuentes, entre testimonios, acciones de monitoreo de la sociedad civil, visitas a Vichada y Arauca y entrevistas a más de 100 personas. A pesar de haber solicitado información al gobierno venezolano, este se abstuvo de brindar contenido.
De la misma manera, se destaca que “el gobierno venezolano posee muy poco interés en la adopción de medidas en materia de DDHH. Prefieren la centralización de poderes y el control de la población que atacar esta clase de abusos contra la sociedad civil”, según Juan Pappier.
¿Cuáles son los principales resultados de este informe?
Las conclusiones de este proceso de investigación inician con la visualización de los gravísimos abusos por parte de los grupos armados. Incluyendo el reclutamiento de menores, las desapariciones forzadas y todo tipo de atrocidades.
Además, “se presentan evidencias sólidas de connivencia entre los grupos armados, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Lo cual, de acuerdo con Pappier, “les permiten operar con plena impunidad”.
Sin embargo, el aspecto devastador de este informe se encuentra en la situación humanitaria derivada de dicho conflicto. Pues, al menos 3.860 personas que se han desplazado internamente en Arauca. Sumado a las más de 3.300 personas que han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada.