En el informe Lupa por la Vida 2021, publicado por la organización Provea, se denunció que PoliCarabobo es de los cuerpos policiales más letales en Venezuela. Pues, la ONG reportó 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en manos de este cuerpo de seguridad.
En rechazo a esto, José Ávila Bello, quien es secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, denunció que Provea inició una «campaña de desprestigio» contra el gobernador Lacava y los cuerpos de seguridad del estado. Además, afirmaron que la misma es financiada por los gobiernos de EE.UU. y Colombia.
PoliCarabobo se lava las manos
Ávila Bello convocó a una rueda de prensa en el Comandancia General de PoliCarabobo para declarar al respecto. Así pues, dijo que este informe «busca desmovilizar y desmoralizar a los órganos de seguridad y el accionar del Estado venezolano en función de garantizar la paz, la seguridad y el sosiego en su lucha contra la delincuencia».
Catalogó que el informe es un «panfleto que habla irresponsablemente de masacres y ejecuciones extrajudiciales». Señaló que las reales víctimas son los funcionarios que son arrollados por la delincuencia del país.
En esta rueda de prensa, Ávila estuvo acompañado por el comisionado jefe Yosbel Solórzano, director general de PoliCarabobo y los directores en la entidad de la Policía Nacional Bolivariana. Esto, además de los policías municipales, el Sistema Integrado, Superintendencia Nacional Antidrogas y la Dirección de Prevención del Delito.
Todos ellos rechazaron los resultados del informe. Declararon que en Carabobo «no hay ejecuciones extrajudiciales porque todos los casos se remiten a la justicia venezolana, a la fiscalía y a los jueces».
«¿Qué dice Provea de casos como el de un muchacho, joven policía, que ajusticiaron junto a su esposa por el ‘delito’ de ser policía? ¿Qué dicen de su hija huérfana? Sobre eso no hablan», sostuvo.
Sin embargo, un grupo de organizaciones de defensa y documentación de derechos humanos han apoyado la veracidad del informe de Provea. Por ello, comentan que la denuncia de Ávila Bello es parte de la política de censura que tiene el Estado.