En los últimos años, las organizaciones y observatorios de DDHH han registrado constantes ataques contra la educación, específicamente, contra las universidades. Así pues, están registradas más de 50 decisiones judiciales que vulneran la libertad académica y la autonomía universitaria.
Estas decisiones, acompañadas de un discurso y políticas públicas que desvirtúan la educación y profesionalización en el país, han tenido un impacto directo en la educación universitaria. Esta última, se encuentra actualmente en pésimas condiciones para continuar brindando la formación que en un pasado podía asegurar.
Por esta razón, para las universidades autónomas, ha sido muy complicado seguir con sus puertas abiertas en su totalidad. Hoy en día, solo algunas facultades y escuelas han logrado continuar brindando clases promedio. En cambio, otras han cerrado por meses o han tenido un régimen bastante intermitente que no les ha permitido, a los estudiantes, avanzar en su carga académica de forma eficiente.
La educación universitaria es cada vez más difícil
Ante esta situación, algunos estudiantes han optado por adelantar carreras afines en universidades privadas. No obstante, son pocos los que tienen los medios económicos para ingresar a ellas.
“Estuve un par de años en la ULA y avancé un semestre y medio. Luego los profesores no aparecían o ponían una nota para todo el salón sin haber dado nada de clase. Era sumamente frustrante. Por eso decidí inscribir una carrera en una universidad privada donde estoy avanzando. Sin embargo, es difícil poder cubrir los gastos”, aseguro María José Velázquez, una de las estudiantes entrevistadas.
Igualmente, comentó que “cuando estudiaba en la ULA habían días en los que compañeros llegaban sin comer por la difícil situación económica que viven. Ahora, yo me pregunto qué estarán haciendo. Seguro debieron abandonar sus carreras debido al atraso académico y a las escasas oportunidades”.
Así pues, se evidencia cómo el paulatino abandono de la universidad por parte del Estado, como consecuencia de una política de gobierno que menosprecia la educación, está sepultando la movilización social que en un pasado podrían brindar las universidades mediante la educación y las profesionalizaciones.