El Programa Venezolano de Educación Acción (PROVEA) y el Centro Gumilla documentaron que en Venezuela, durante el 2021, se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Dicha cifra se obtuvo gracias al monitoreo que realizaron ambas organizaciones a través del proyecto de derechos humanos llamado “Lupa por la Vida”.
Los cuerpos de seguridad y su papel ante las presuntas ejecuciones extrajudiciales
Según el informe, la fuerza de seguridad con más letalidad fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimininalísticas (CICPC). Pues, fue responsable de al menos 347 ejecuciones consideradas extrajudiciales. Esto se traduce en que el cuerpo de seguridad cometió un 24.54% del total de los casos.
Le sigue en este listado la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la cual cometió 198 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un 13.58%. Luego están las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a quienes, en este análisis, se les atribuye 111 casos de ejecuciones. Por último, está la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) autora de 152 presuntos delitos.
Provea y el Centro Gumilla compararon el 2021 con el 2020 para señalar que hubo una disminución significativa en estas prácticas. Pues, para el 2020, este programa de investigación documentó que 3.034 personas fueron víctimas de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, aclararon que dicha baja no significa que dejaron de existir las ejecuciones como políticas de Estado.
El informe reveló la impunidad de las instituciones
Según estos organismos, encargados de velar por el derecho a la vida, en el país existe lo que ellos denominan «silencio institucional». Esto, debido a que varias masacres ocurridas en el 2021, hasta la fecha, no cuentan con ningún tipo de investigación que responsabilice a personas por estos hechos.
Provea recordó algunas de las masacres que contaron con el silencio institucional. Entre ellas, la que se desarrolló en la parroquia La Vega, en Caracas, y el conflicto armado en La Victoria, estado Apure, mejor conocida como la “Masacre de El Ripial”. Este enfrentamiento ocurrió el 25 de mayo de 2021 entre cuerpos de seguridad y grupos irregulares.
En pocas palabras, Lupa por la Vida demuestra con estos hallazgos la grave impunidad que existe en el país por parte de las instancias nacionales. Sin embargo, este proyecto de investigación espera que su monitoreo sirva para fomentar una reparación a las víctimas y para que haya justicia.