Durante los últimos días, las constantes lluvias han sacado a la luz la irresponsabilidad por parte del Estado en la inversión pública del estado Táchira.
«Cuando comienza la lluvia se vuelve un torrente la calle, se va la luz, se cae el internet, se abren las alcantarillas y se va el agua. No estamos preparados para las constantes lluvias. Esto afecta nuestra calidad de vida», aseguró David Flores, comerciante y residente de la comunidad de Palo Gordo en San Cristóbal, Táchira.
Un ámbito que es responsabilidad del Estado, para garantizar bienestar y garantías básicas para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida con normalidad, está siendo vulnerado. Todo, ante la falta de transparencia y gobernabilidad de los entes del estado.
«Aquí llegan en campaña prometiendo arreglar estos problemas básicos que son responsabilidad de las autoridades. Pero, con el tiempo, se desaparecen y se agarran la plata. Nosotros no vemos las obras ni resultados», denunció el ciudadano. Así pues, se evidencia la falta de presentación de presupuestos transparentes que informen a los ciudadanos sobre el uso de los recursos públicos.
Falta de inversión y las constantes lluvias colapsan el estado
Ante la falta de inversión pública y de mantenimiento de los servicios por parte de los entes gubernamentales, desde las carreteras hasta el servicio eléctrico o de internet, los ciudadanos han buscado alternativas independientes a estás problemáticas.
Estas últimas no son soluciones verdaderas, sino trapitos de agua tibia para enfrentar esta problemática. Según los residentes «hace unos meses la carretera estaba llena de huecos e hicimos una contribución entre los vecinos para repararla. No duró mucho, Las constantes lluvias también dañaron el pequeño arreglo. Esto no es nuestra responsabilidad ni tenemos las herramientas para arreglarla».
Sin embargo, hay ámbitos en los que la ciudadanía no tiene alcance de solución. Como por ejemplo, mencionan las constantes fallas en el servicio de internet.
«Algunos vecinos tienen internet colombiano, los que pueden pagarlo. Pero no todos puede y no es el deber ser. No deberíamos tener que traer servicios de otros países solo porque las autoridades se roban el dinero que deben invertir para solucionar estos problemas», rechazaron.
