La Red Justicia y Libertad de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y los Andes (Fundehullan), presentó su informe trimestral sobre la vulneración y violación a los DDHH. En este, se evidenció la criminalización a la sociedad civil como el factor predominante utilizado por quienes ejercen el poder en Venezuela.
Para la Red Justicia y Libertad y Fundehullan, son preocupantes los resultados de la documentación. Pues, prevalece la estigmatización contra las ONG, fundaciones, gremios y sindicatos y resulta un patrón reincidente y continuo. De igual forma, las limitaciones a la libertad de expresión que afectan el desempeño de los medios de comunicación y el derecho de la población venezolana a mantenerse oportunamente informada.
Cifras y datos de Fundehullan
En el monitoreo e investigaciones, realizadas por el equipo desplegado por la Red Justicia y Libertad en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Mérida, Táchira y Trujillo, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero, se conocieron las siguientes incidencias.
Dos (02) casos de estigmatización a ONG y miembros de la sociedad civil, trece (13) detenciones arbitrarias, tres (03) ataques contra la integridad física, dieciséis (16) ataques contra la libertad de expresión (intimidación a periodistas), tres (03) ataques a la libertad de prensa (cierre arbitrario de emisoras de radio y confiscación de equipos) y siete (07) programas de radio cerrados de forma arbitraria.
Con respecto a las detenciones arbitrarias, el informe de Fundehullan señaló que se dieron en el desarrollo de los procesos electorales. Esto, tanto en la jornada del 21 de noviembre de 2021 como en el proceso electoral repetido el 9 de enero de 2022 en el estado Barinas.
En el caso de Barinas, los hostigamientos fueron pre y post elecciones, siendo el estado donde han ocurrido más detenciones arbitrarias, de acuerdo a lo que indica el informe de la organización.
Durante el trimestre, Fundehullan fue nuevamente objeto de estigmatización. El pasado 05 de enero la periodista Erika Ortega Sanoja, a través de un tweet, desprestigió y descalificó la labor que desempeña el equipo de Fundehullan en Venezuela.
En cuanto a la vulneración a la integridad física, se documentó que siete (7) personas fueron agredidas en estas regiones de Venezuela. Siendo los periodistas y trabajadores de la prensa los más afectados, así como los simpatizantes de organizaciones políticas de la oposición.
Venezuela sin DDHH
En Venezuela se sigue repitiendo de manera sistemática la obstaculización al ejercicio de los profesionales de comunicación y a los medios de comunicación. Cada vez se ven más restringidos de cumplir con el sagrado deber de informar a la ciudadaní.
En el reporte de la Red Justicia y Libertad se documentaron varios hechos, como borrar material audiovisual y sonoro. Por ejemplo, el caso de la periodista Pilar Guerra en Cojedes el pasado 21 de noviembre. De igual manera, se reflejó la vulneración a la libertad de expresión, con impedimentos de cobertura periodística, irrespeto a las credenciales otorgadas por el CNE a los periodistas en las elecciones, etc.
En la documentación, dirigida por Fundehullan, se registraron tres cierres de emisoras: dos en Portuguesa, ambas propiedad del alcalde electo Carlos Barrios en el municipio Ospino, y una en Barinas. Por otra parte, sacaron de la parrilla de programación siete programas, todos en el estado Barinas. Entre ellos se encontraba el de Freddy Superlano y el de Sergio Garrido.
Elecciones y el régimen
El vocero de Fundehullan, Luis Montilla, resaltó las elecciones del 9 de enero de Barinas. En estas se evidenció una serie de abusos y violaciones de las normativas electorales. Así pues, documentaron y denunciaron las diversas vulneraciones al ejercicio del derecho al sufragio en el desarrollo de la jornada.
Finalmente Montilla, expresó que es más evidente la política de criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sus instituciones. A su juicio, el Estado venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa.
Todo, incumpliendo los estándares y obligaciones internacionales que están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras. Esto, como parte de la obligación de proteger los DDHH y garantizar todas las libertades cívicas para ejercer la labor de defensa.