La Universidad de Los Andes-Táchira se inició en el año de 1966, como una Escuela de Educación dependiente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes-Mérida, siguiendo un régimen de anualidades. Al pasar los años, este núcleo se fue desarrollando en la ciudad brindándole formación académica a los tachirenses en diversas carreras y siendo parte activa del espacio cívico de San Cristóbal.
Muchos eran los elogios y reconocimientos de la Universidad de los Andes-Táchira. Desde su calidad académica hasta las eficientes instalaciones y gastronomía que le brindaba la ULA a la ciudad. Sin embargo, al pasar los años esta realidad cambió radicalmente. Todo, en medio de una política de Estado que se enfocó en asfixiar las universidades públicas y autónomas.
Durante los últimos años, Aula Abierta y diversas organizaciones y observatorios de derechos humanos registraron más de 50 decisiones judiciales que vulneran y violentan la autonomía universitaria y la libertad académica.
Realidad actual de la Universidad de Los Andes-Táchira
Por ello, actualmente el núcleo ULA-Táchira se ha desplazado de la posición de prestigio y reconocimiento que tenía en la ciudadanía tachirense. Las instalaciones se encuentran en deterioro, el comedor se encuentra clausurado y son pocas las clases que se imparten en ciertas carreras. Esta realidad se ha complicado y afincado mucho más en medio de la pandemia.
Dicha situación se evidencia claramente en el edificio D del núcleo, donde en un pasado se encontraban los salones de teatro y demás laboratorios que laboraban con normalidad hacia el año 2018. Asimismo, en aquella época, tanto estudiantes como personal obrero de la ULA asistían al comedor para consumir el almuerzo y/o cena que ofrecía la institución.
No obstante, esto hoy se encuentra en abandono. Los constantes hurtos han desvalijado la mayoría de salones, laboratorios y ascensores, incluso dejaron varias instalaciones sin cableado eléctrico. Todo, sumado a los espacios del núcleo que están en abandono debido a la asfixia presupuestaria y jurídica aplicada por el régimen de facto.
