La frontera colombo-venezolana a lo largo de la historia le ha permitido al estado Táchira una dinámica de intercambio binacional en diversas áreas, tanto cultural como social y financiera. Incluso, actualmente según argumentos de sus ciudadanos, representa un respiro económico.
“Antes uno pasaba el puente en carro, en camioneta y cargaba lo que quisiera. Traíamos lo que no había aquí y vendíamos allá lo que nos sobraba”, comentó Carlos Colmenares, comerciante informal del centro de San Cristóbal.
Sin embargo, con el paso del tiempo esta situación cambió y este intercambio binacional sufrió una repentina ruptura. Pues, el 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Colombia por el estado Táchira.
Desde entonces, esta dinámica ha ido cambiando con los años entre cierres parciales, pases justificados por récipes médicos, selladas de pasaporte y “trochas” entre los ríos. De esta forma, han surgido diversas vulneraciones a los derechos de los venezolanos, quienes cada vez deben acoplarse a los nuevos requerimientos que impongan la guerrilla y los grupos armados que controlan la zona.
Actualmente, el paso de la frontera está regido por el número de terminal de cédula. Así, dependiendo del día, se les permite a los ciudadanos cruzar al vecino país. La realidad es que son infinitos los motivos que llevan a los venezolanos día a día a cruzar la frontera. Desde buscar insumos que no se consiguen en el país, hasta buscar empleo fuera de Venezuela.
No obstante, estos ciudadanos se someten a diversos riesgos en estas áreas fronterizas donde la presencia del Estado está difuminada entre la línea de acción de las guerrillas y los diversos negocios ilegales que surgen en el espacio.
Peligros en la frontera
Uno de los tantos peligros de la frontera, que han sido documentados por diversas organizaciones de DDHH, son las ejecuciones extrajudiciales. El año pasado, según un informe realizado por las organizaciones Provea y Centro Gumilla denominado Lupa y Vida, en los primeros nueve meses del año se registraron al menos 1.197 ejecuciones extrajudiciales. Estas, cometidas por funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad del Estado. De la cifra total, 372 fueron en el tercer trimestre.
Gran parte de las mismas fueron ejecutadas por grupos armados que controlan los pasos ilegales en la frontera, las denominadas “Trochas”. Allí no se permite el uso de aparatos electrónico y por ello resulta tan difícil documentar las incidencias.
“Es realmente difícil la documentación por el control que tiene la guerrilla en la zona. Sin embargo, son constantes los casos de desaparecidos, reclutados y ejecutados en la frontera. De estos son pocos casos a los que se les puede hacer seguimiento, así que todo queda impune en medio de la nula documentación”, afirmaron unos defensores de DDHH de la organización Proyecto 860.
Cabe destacar que, a finales de 2021, denunciaron dos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el municipio Ayacucho del Táchira. Estos repiten un patrón de acción y continúan impunes por las mismas razones.