La constante falla de los servicios públicos, además de afectar a las pequeñas comunidades de la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, impacta a los empresarios, comerciantes y buhoneros. Todos señalaron su descontento, específicamente por el mal servicio de internet.
Esta situación impide el desarrollo de transacciones en sus locales, disminuyendo sus ingresos producto de los altos riesgos para mantener un servicio estable de puntos de venta y conexión.
Un comerciante en Porlamar, dueño de una venta de repuestos de bicicletas y de vehículos, comentó al equipo de La Tv Calle sobre la situación que vive. “Debo pagar hasta el 15% de mis ventas mensuales en impuestos ante la alcaldía, para que ningún servicio funcione”, expresó.
De la misma manera, resaltó la inversión millonaria que debe realizar para poder trabajar. Así pues, calculó que, en promedio en la inversión del internet satelital o de una empresa privada que garantice un servicio de calidad, gasta 200 dólares mensuales.
Servicios públicos sin calidad y tributos municipales de alto costo
Juan Ríos, dueño de una tienda en el municipio Gómez, destacó que en su última declaración tuvo que cancelar parte de sus ganancias en impuestos. Señaló que lo que registra semanalmente no le alcanza para cubrir todas las obligaciones con las autoridades municipales.
Pues, entre cancelar un promedio de 60 u 80 dólares mensuales en servicios de agua, los gastos exorbitantes de la electricidad y los 50 dólares mensuales por el servicio de punto de venta, los pequeños emprendimientos se descapitalizan con el tiempo.
Ríos comentó que “es lamentable cancelar tanto en impuestos y ver a la gente comiendo de la basura”. Igualmente, dijo que “la retribución tributaria nunca la observamos… la luz a diario tiende a fallar y el internet es inexistente”.
De esta forma, se demuestra la incapacidad comercial derivada de la falla de servicios públicos que se vive diariamente en Nueva Esparta.
Emprender en Nueva Esparta resulta una tarea sumamente difícil
La falta de políticas efectivas o eficaces que protejan al consumidor, emprendedor, comerciante y al empresario, han producido un descontento en los distintos niveles sociales en la entidad insular. Cabe destacar que se ha vuelto cuesta arriba formalizar empleos en la Isla por el inexplicable aumento en los registros y notarías que modificaron sus precios acorde al Petro.
Este tipo de reformas son modelos incoherentes ante la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Además, el registro de una sociedad mercantil puede llegar a costar hasta 1500 dólares, lo cual no representa la “famosa política de protección al emprendedor”.
Dentro del artículo 1 de esta ley, para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, se establece la motivación principal del texto legal. Esto, estableciendo que se desea “(…) promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y una cultura emprendedora para aumentar la producción de bienes y servicios (…)”. Todo esto, en una Venezuela hiperinflacionaria donde parece algo místico el registro de nuevos emprendimientos o las altas tasas de tributos a cancelar.
Dicha situación se vulnera con las constantes fallas de los servicios públicos. Además de la inversión millonaria para el registro de emprendimientos según la reciente reforma o el descontrol inflacionario que impide el desarrollo. Todo lo anterior representa un impedimento para gozar y disfrutar del derecho a emprender. El cual está situado en el artículo 5 de la ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos.
