Empresas regionales en Venezuela como instrumento de corrupción

La corrupción con el paso del tiempo se ha convertido en un fenómeno intrínseco en las empresas regionales del país. Un ejemplo de ello se encuentra en cada una de las empresas bajo la dependencia pública regional, que actualmente presentan denuncias de corrupción o malos manejos. Esto, ha generado la paralización de la producción en Venezuela.

Según una investigación reciente de la ONG Transparencia Venezuela, 46 empresas publicas regionales, que equivale a un total de 21%, han sido identificadas con cuadros críticos de corrupción.

De la misma manera, para febrero de 2022 la ONG identificó, en un mapeo territoria, un total de 910 empresas propiedad del Estado. De estas, 218 manejan un vínculo directo con los gobiernos regionales según los índices registrados por VENDATA.

Entre las empresas regionales con irregularidades se determinó que la Gobernación de Sucre cuenta con 17 de ellas, Barinas con 16 y Portuguesa con 12.

En cambio, la Gobernación de Nueva Esparta no posee una empresa y la de Mérida tiene solo 2. Esto, producto de la pérdida de competencia que sufrieron estas gobernaciones por manejar un gobierno diferente, ideológicamente, al que maneja el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Empresas regionales empleadas como medio de enriquecimiento para las autoridades

La mayoría de las denuncias que se han presentado son ligadas con empresas de distribución de gas, transporte, agroalimentario, construcción, minería y comercio. En estas se destaca el abuso de poder en la distribución minorista de la comercialización del gas. Dicha situación, genera graves problemas de escasez que ha servido para la permanencia de los mercados negros.

El uso de esta clase de beneficios como medio de manipulación, por fines electorales, ejemplifica la falta de principios de ética en los representantes regionales. Pues, desarrollan técnicas de manipulación social para obtener la delantera en campañas de gobernadores oficialistas.

Además, la compra de lubricantes y repuestos de la industria automotriz por metodologías fantasmas implican a diferentes administraciones regionales. Esto, en casos de peculado de uso o nóminas fantasmas para legitimar capitales, estando tipificado cada uno de estos cuadros como delitos dentro de ley Orgánica Contra la Corrupción vigente en Venezuela.

Falta de información pública

La falta de rendición de cuentas, las constantes denuncias y la gran cantidad de casos identificados por organizaciones de la sociedad civil donde se rescata que la mayoría de estas empresas regionales no ejecutan una correcta rendición de cuentas, demuestra la realidad de estos sectores.

Los usos con fines partidistas de estas empresas consiguen deteriorar el funcionamiento y crecimiento de la sociedad. Los portales web de las gobernaciones no muestran información actualizada de estudios transparentes y formales del tema.

Esto contradice lo plasmado en la Constitución de la República, en su artículo 51. Este último, referente a las solicitudes de información veraz y oportuna desde las competencias de los funcionarios públicos.

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