La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló en su último informe del 2021 que en Venezuela se continúa institucionalizando la tortura contra los presos políticos. Esto, de acuerdo con 20 casos de tortura que registró el organismo en el último trimestre del año pasado.
Ana Leonor Acosta, abogada y miembro de la ONG, aseguró que los detenidos llegan sangrando a los tribunales «delante de los jueces, delante del Ministerio Público y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción. Por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones», explicó Acosta este martes durante la presentación del informe.
Tipos de tortura
Los privados de libertad por razones políticas reciben la misma comida tres veces al día. El menú es de arepas o frijoles y en muchos casos los alimentos están en estado de descomposición. Estas acciones, según la abogada, están tipificados como una forma de tortura contra las víctimas.
En el informe también se señala que otro tipo de tortura a los presos es la denegación a la salud. Pues, la ONG corroboró que hay al menos 17 solicitudes de detenidos que han pedido traslado a algún centro de salud y se les ha negado.
Asimismo, el documento indica que hay registro de torturas físicas. Entre ellas, la práctica de descargas eléctricas y baños con baldes de agua fría a los presos. Sin embargo, entre las más comunes están las golpizas, patadas, posturas en tensión y quemaduras.
Aunque a nivel nacional son cientos los casos de tortura que se identifican en diferentes cárceles, la ONG destacó que en Caracas es donde más se evidencian estos tratos crueles. Como por ejemplo, en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y en la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), las cuales se identifican como los centros de reclusión donde más se tortura a los presos.
El Estado sobre esto
Acosta indicó que al menos 100 denuncias de torturas ha logrado registrar la ONG en los últimos años. De las cuales 40 han logrado ser denunciadas en organismos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Pero hasta la fecha, ninguna de las instituciones ha ofrecido respuestas.
Aunque el Estado debe garantizar protección a los presos, en el país los detenidos no cuentan con este derecho. En este sentido, la ONG recordó que en Venezuela ni siquiera se ha creado la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Por su parte, los jueces de la República no actúan muy diferente al Estado. En las audiencias al escuchar los relatos de las víctimas, los jueces se comportan indiferentes. Incluso, en muchos de los casos, los testimonios no quedan reflejadas en las actas.
Finalmente, el llamado de la organización es a no dejar que la impunidad continúe. Por ello, piden a las autoridades buscar soluciones y parar estos actos que están calificados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.
