Los presos políticos Steven García, Walter Mayorga y Marller Gonzáles, esperan últimas audiencias para recibir sentencia. Esto, después de 6 años injustamente detenidos sin elementos contundentes en los casos.
El abogado Gian Carlos Jaimes, asesor del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, indicó que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público fueron totalmente escuetas. No encontraron elementos contundentes para vincular a dichos ciudadanos en los casos.
«Buscaron un testigo falso que nunca se conoció. Esta es la técnica que tienen ellos para implicar a las personas», aseguró el abogado.
Caso de Steven García
En el caso de Steven García, quien fue involucrado en el homicidio de una mujer en el 2014, Jaimes expone que este chivo expiatorio dijo que el presunto asesino de la chilena fue un hombre apodado “Caracas”. Ante este testimonio las fuerzas de seguridad del estado hicieron sus respectivas investigaciones. Pero, llegaron a la escueta conclusión de que el vigilante de la residencia en ese momento era el asesino, solo por ser oriundo de la ciudad capital.
En el 2016 un bloque de búsqueda detuvo en Las Delicias, estado Miranda, al ciudadano García quien fue trasladado a Mérida. Al iniciar el debido proceso se presentaron irregularidades. Tales como la tardanza de las audiencias, interrupción de juicios, entre otras arbitrariedades. A pesar de esto, el joven tiene años preso.
Los otros casos
Por otro lado, el abogado resaltó que los casos de Walter Mayorga y Marller Gonzáles son parecidos al de Steven García. Se presentan múltiples irregularidades en el proceso judicial, presencia de falsos testigos y detención arbitraria.
«Son dos ciudadanos que fueron involucrados en la muerte de un funcionario de la Guardia Nacional por el sector El Campito. Buscaron a dos chivos expiatorios para involucrar a dos hombres que no tienen nada que ver con el homicidio. Incluso en ese momento no estaban en el lugar de los hechos. Las investigaciones los involucraron en el caso y hoy en día estos ciudadanos tienen 6 años privados de libertad arbitrariamente», narró Jaimes.
Finalmente, aseguró que no se tienen elementos de convicción para mantener detenidos a los ciudadanos, y que se preparan para las últimas audiencias y recibir sentencia. «El ODH-ULA hace lo que puede, esperamos condena absolutoria», culminó.
