El acceso a la justicia es un Derecho Humano clave para poder convivir dentro de una sociedad democrática. Sin embargo, en el circuito judicial laboral del estado Nueva Esparta este derecho ha disminuido significativamente por un conjunto de incongruencias e incoherencias al instante de ejecutar los principios consagrados en la Constitución de 1999.
El gremio de abogados del estado, en diferentes declaraciones, ha expresado su preocupación por la vulneración constante de derechos laborales y garantías constitucionales para los trabajadores en la zona oriental. Pues, afirman que no cuentan con los recursos adecuados para presentar sus conflictos con empresas o sus patrones ante el poder judicial.
Es decir, la población existente de trabajadores en Nueva Esparta se encuentra tomando vías extrajudiciales para la resolución de sus conflictos. En muchas ocasiones son afectados por las fallas constantes del sistema de justicia en Venezuela.
Por lo mismo, integrantes del circuito judicial laboral en Nueva Esparta señalan que “desde la reforma de 1999, del procedimiento para la atención de casos de índole laboral, se han disminuido la cantidad de trabajadores recurriendo a las vías correspondientes para acceder a medio que garanticen su acceso a la justicia”.
¿Qué dicen los trabajadores sobre el acceso a la justicia en el estado?
Luego de una consulta efectuada a diferentes profesionales del derecho se concluyó que el alto índice de desconfianza por parte de los trabajadores para acudir a la vía jurisdiccional, adecuada para la resolución de sus problemas, deriva de los altos costos implícitos dentro de un proceso donde deben costear la asistencia jurídica correspondiente.
Por ende, los trabajadores en Nueva Esparta prefieren recibir el pago de prestaciones sociales cuando la empresa los liquida. Esto a tener que recurrir por la vía judicial para la solución o forma de crear acuerdos entre trabajadores y patronos.
Aunque a veces, por la alta onerosidad de los procesos judiciales en la región insular, al recibir las prestaciones sociales judiciales posterior al litigio estas resultan menores que los costos implícitos en el procedimiento desarrollado.
La hiperinflación y los altos costos en el día a día dentro del territorio nacional son alguna de las razones por las que estas personas han optado por no dirigirse a las instituciones u organismos correspondientes para tener acceso a la justicia.
Aunado a esto se presenta un retraso procesal o tardanza en los procesos judiciales del campo laboral. Esto, producto de la falta de efectividad y celeridad para la conducción de causas en materia laboral a la obtención de una decisión judicial en los tiempos correspondientes.
Consulta realizada por el equipo de La TV Calle acerca de esta problemática
En conversaciones con varios trabajadores en el estado Nueva Esparta, estos afirmaron que prefieren llegar a acuerdos con sus patrones. Pues, esto evita “recurrir a la vía judicial por las implicaciones que esta acarrea”.
Algunos decidieron dar simplemente una respuesta negativa a la opción de asistir al circuito judicial para el acceso a la justicia. Todo, por la falta de imparcialidad e independencia de la justicia en el estado Nueva Esparta.
Claramente el trabajo es un hecho social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Siempre bajo una ideología abierta que en muy pocas ocasiones garantiza el panorama de protección jurídica que se señala dentro de los textos legales.
Muchos de estos ciudadanos señalaron que el Estado tiene el deber de garantizarles una justicia gratuita y accesible. Pero en su realidad esto se demuestra de otra manera,
Pues cada vez más, aumentan los índices de desconfianza en las instituciones públicas encargadas de garantizar el acceso a la justicia. Basándonos en los principios democráticos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
