Imagen cortesía. Gerardo Ramírez

Gerardo Ramírez: «Nicolás Maduro busca lavarse la cara ante la comunidad internacional»

El defensor de derechos humanos, Gerardo Ramírez, consideró que la administración de Nicolás Maduro «busca lavarse la cara ante la comunidad internacional con sus recientes acciones». Como por ejemplo, la condena a 30 de años de prisión que se les dio a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo.   

«Esto es parte del planteamiento que ellos tratan de hacer ver. Como de que estamos en un ambiente democrático, que se respeta la justicia, que se atienden los constantes casos de denuncia», señaló el activista durante una entrevista concedida al equipo de La TV Calle. 

Frente a esto, Ramírez aseguró que los venezolanos no deben ser ingenuos ante las acciones de justicia del gobierno. Pues, consideró que se debe continuar haciendo presión a través de las denuncias.

¿Qué más dijo Gerardo Ramírez?

En este sentido, aprovechó la oportunidad de destacar que el caso del capitán no es el único que tiene vinculación con el abuso de poder. Recordó que los asesinados en años anteriores y los dirigentes políticos detenidos arbitrariamente también deben contar con la voz de quienes están afuera. 

«Tenemos el caso de Albán, de Pernalete, de los estudiantes asesinados durante las manifestaciones en años pasados. Ante eso nosotros tenemos que seguir exigiendo que se den garantías de justicia», expresó Ramírez.   

Frente a lo que pareciera ser una nueva estrategia del Estado para disminuir la presión internacional, Gerardo Ramírez exhortó a la dirigencia nacional a desarrollar una mesa de trabajo con las víctimas de violación de DDHH y sus familiares.

Esto para acelerar el proceso que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI). Pues, este organismo, el pasado 17 de enero, dio a Maduro un plazo de tres meses para responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. 

Casos recientes de justicia

Dos años después de haber ocurrido el asesinato de Arévalo, se le dio cara a los responsables del hecho. El abogado Alfonso Medina fue el encargado de confirmar que el Tribunal 12 de juicio del área Metropolitana de Caracas condenó a 30 años de prisión a los culpables: Antonio Tarascanio y Estiben Zarate Soto.

Ambos funcionarios del DGCIM, fueron hallados culpables de la muerte del capitán. Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019. A los días de ser privado de libertad, fue trasladado a un centro de salud por signos de tortura. Allí murió. 

Otro caso es la reciente detención de la alcaldesa del Municipio Jesús María Semprum del estado Zulia, Keyrineth Fernández, acusada de tráfico de drogas. Esto, cuando fue descubierta el pasado 28 de enero trasladando siete panelas de droga hacia el estado Falcón. 

Un hecho similar ocurrió con otro oficialista. Carlos Vidal, alcalde del Municipio Independencia, estado Anzoátegui. Lo detuvieron el pasado 29 de enero por desvío y venta ilegal de combustible.    

Son cientos los delitos por resolver en Venezuela, pero hay la ilusión de que se ha abierto una pequeña ventana para la justicia en los últimos meses. Sin embargo, para los defensores de DDHH ese escenario está ocurriendo por haber denunciado la situación del país en instancias internacionales y no por una rectificación del oficialismo. 

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