Por medio de un irregular remate judicial que vulnera el debido proceso, enmarcado el ordenamiento jurídico nacional, se le entregó la sede del diario El Nacional en Venezuela a Diosdado Cabello. Esto, cumpliendo la condena impuesta a este medio de comunicación por los presuntos daños morales causados al ciudadano.
En este acto clandestino se ejemplifica cómo el Poder Judicial efectúa acciones que van en contra de los principios de justicia en el país. Los mismos enmarcados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 donde se regula el funcionamiento del sistema de justicia en el territorio nacional.
Dicho acto clandestino fue realizado por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo.
El pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate, de espaldas a El Nacional y a su representante judicial y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional a Diosdado Cabello Rondón. Incluyendo los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida.
Situación de El Nacional: Un robo judicial
La carencia de imparcialidad durante todo el proceso y la falta de ética por parte de los funcionarios públicos ejemplifican gran parte de las barreras e impedimentos que viven los medios de comunicación. Esto, para hacer ejercicio legítimo de sus funciones a través de la investigación.
Este caso inició por un artículo del rotativo español ABC transcrito por el diario El Nacional. En este se afirmó que un conjunto de funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Cabe destacar que el juicio por difamación por dicha nota publicada jamás avanzó. Se hizo caso omiso, en el proceso de recopilación de pruebas, a la recompensa de 10 millones de dólares establecida por la DEA. Esta última, para aquellas personas que pudieran colaborar con la captura de Cabello.
Hablan para adelante y para atrás
Es curioso que la indemnización inicial contra el diario El Nacional, acordada a favor de Cabello y aceptada en 2018, fue bajo un monto de 10.000 bolívares soberanos. Sin embargo, debido al descontrol inflacionario y las políticas de hiperinflación en el país equivalen en la actualidad a 0,1 bolívares.
Como consecuencia de un infundado avocamiento, dicha cifra se transformó de forma definitiva en 237.000 petros. Para su momento, y al cambio, equivalía a 13 millones de dólares. Esto, casualmente ocurrió en el período de tiempo en que Cabello fue designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano.
Desde ese instante se despojó por medio de una acción judicial al equipo del diario El Nacional de su sede en Caracas. El hecho con el medio, siendo víctima en un litigio contra Cabello, demostró la falta de independencia por parte del sistema de justicia.
La falta de independencia judicial es uno de los motivos que conduce a la Corte Penal Internacional a incoar una investigación contra representantes de Venezuela. Todo, por las diversas atrocidades cometidas por el gobierno nacional durante las manifestaciones del 2014 y 2017 en el territorio nacional.