Sin recursos y sin trabajo han dejado los invasores a Carmen Betancourt desde el 2019. La venezolana era dueña de un local en el edificio Banguel, ubicado en el centro de Caracas. Allí se dedicaba a dictar clases de costura, pero se vio en la necesidad de abandonar dicha labor ya que algunos grupos violentos se apoderaron del lugar.
Actualmente, Betancourt no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Apenas sobrevive con el dinero que recibe por la pensión. «A mí esto me ha afectado muchísimo. Yo soy viuda, soy de la tercera edad y no tengo ningún recurso. Lo que recibo de la pensión es un dólar, eso no alcanza para nada», expresó Betancourt durante una manifestación de los afectados por invasiones en Caracas.
El caso de Betancourt es apenas uno entre los miles sobre invasiones que ocurren en el país. Sobre todo en la ciudad capital donde han sido prácticas recurrentes.
Para Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, esta situación violenta los derechos de los ciudadanos a tener una propiedad privada. Además, sin tener a la vista a un responsable que pague por estos actos, se agrava aún más la problemática. Pues, destacó que las autoridades venezolanas no han hecho caso a estas denuncias.
«Lo importante que hay que aclarar aquí es que la propiedad privada es un derecho humano. Pero hemos visto como la Defensoría del Pueblo, en muchos casos, ha terminado apoyando a los invasores con la supuesta necesidad de vivienda», agregó Rojas este jueves durante la protesta.
Sobre invasiones en Caracas
No son ni dos, ni tres, son centenares de invasiones las que han ocurrido en Caracas en los últimos tres años. En el 2020 se registraron 53, en el 2021 fueron 93 intentos de invasión y en lo que va de 2022 se han contabilizado más de 10, según lo reseñado por el líder social.
Durante estos actos ilícitos se pueden contabilizar grandes grupos de personas intentando acceder a propiedades privadas. Tal como ocurrió en noviembre de 2017, donde al menos 50 colectivos armados intentaron apoderarse de un estacionamiento en La Candelaria, según denunciaron vecinos de la zona en aquella oportunidad.
Rojas aseguró que las instancias nacionales han dejado impunes todos los casos hasta la fecha, lo que ha ocasionado que las víctimas de esta situación no tengan acceso a la justicia. Por ello, aprovechó para exhortar al Estado a darle respuesta a los afectados.
«Nosotros le exigimos a la Defensoría del Pueblo que investigue al Ministerio Público y que exista independencia de poderes, ya que no se ha imputado ni a una sola persona por el delito de invasión», finalizó el dirigente social.