La corrupción: un fenómeno que acaba lentamente con los DDHH en Venezuela

La corrupción, con el paso del tiempo, se ha convertido en un fenómeno que se ha ocupado de la destrucción de distintos sectores del país. Por esto y sin duda alguna, se genera un impacto crítico a los DDHH de todos los venezolanos.

En el informe desarrollado por la ONG Transparencia Venezuela, que tiene por título la “corrupción y DDHH en Venezuela”, se formularon una serie de criterios claves para visualizar las vulneraciones que se han presentado desde 2017 en el territorio nacional. Esto, en materia de corrupción y acceso a la información pública.

En el informe se evidencia que han transcurrido 5 años desde la última publicación del gobierno nacional de información relacionada al presupuesto y la ejecución del mismo. Todo, omitiendo las contrataciones o aquellos informes de rendición de cuenta correspondientes que jamás han sido divulgados al acceso público. Así pues, se refleja la falta de transparencia y ética por parte del Ejecutivo para conducir las riendas del país.

A través de este informe se determinó que en los últimos cuatro años el Ejecutivo ha diseñado e implementado políticas que han incrementado la discrecionalidad. Además de disminuir los controles en el manejo de los recursos públicos. Entre entre resaltan la anulación de facto del parlamento electo en 2015, la designación de las máximas autoridades de los poderes públicos con incumplimientos de los requisitos y procedimientos legales, los Decretos de Estado de Excepción y emergencia dictados desde enero de 2016 y la creación de estructuras paralelas.

Más de la corrupción: Un resumen de lo más relevante en este informe

Cesar Rojas, asistente de coordinación de Transparencia Venezuela capítulo Nueva Esparta, señaló que “uno de los factores más importantes a observar dentro de este trabajo es la falta de acceso a la información pública desde hace más de 5 años. Además, del desconocimiento por parte de la administración pública de algunos conceptos y referencias que hacen organismos como la CIDH en materia de corrupción. Los cuales establecen que la corrupción daña la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y afecta el acceso a los DDHH».

Rojas comentó que en el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) se recomendó implementar una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, hasta el momento y desde 2011 no se ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que cumpla con lo requerido en la ejecución de este mecanismo.

Asimismo, llama la atención también la promulgación de la Ley Antibloqueo dictada por la Asamblea Nacional Constituyente en octubre de 2020. La misma establece, sin otro fundamento más que razones de interés nacional, permitir a los funcionarios o funcionarias y autoridades de alto nivel puedan catalogar como reservado o confidencial cualquier documento, información, hecho o circunstancia, con el fin de contrarrestar las sanciones.

Claramente, la sanción de este texto legal es una vulneración al derecho al acceso a la información pública. Además, cada uno de los casos presentados en este informe representan una grave violación al derecho a la libertad de expresión. Incluso, aquellos ligados de manera interdependiente a este.

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