El trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) puede considerarse una labor ardua y peligrosa en Venezuela. Pues, en los últimos años, bajo la administración de Nicolás Maduro, han recibido constantes ataques por solo alzar su voz contra lo que consideran injusticias.
De hecho, durante el 2021 se registraron 743 ataques contra ONG y defensores de derechos humanos. Esto, de acuerdo con el último informe realizado por la organización Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), lo que indica un aumento del 145% en comparación con el año 2020, donde se documentaron 303 ataques.
Los ataques contra las ONG
En cuanto a la caracterización de los ataques, CDJ resaltó que 502 casos fueron de estigmatización, 125 se trataron de intimidación y hostigamiento, 50 de amenaza, 16 de detención arbitraria, 15 judicialización, 13 por ataques digitales y 5 allanamientos.
Asimismo, el reporte señala que el 2021 fue uno de los años más complejos. Todo, debido a que estuvo marcado por restricciones al espacio cívico e incremento en las políticas de criminalización, represión y control social. Esto generó afectaciones en el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.
En referencia a este informe, Lustay Franco, defensora de los DDHH y dirigente política, argumentó que el trabajo de las ONG en este país debe resaltarse por el esfuerzo que implica visibilizar la violación a los derechos de los venezolanos.
«Esto es una lucha emocional, física y jurídica», expresó durante una entrevista concedida al equipo de La Tv Calle. Sin embargo, aseguró que aunque es una labor muy dura en el país, el compromiso por defender la justicia es necesario en una nación donde existe la impunidad.
Franco también aseveró que este tipo de organizaciones han sido fundamentales en la búsqueda de justicia de los venezolanos. Pues, consideró que «la documentación, la perspectiva de lo que no se debe hacer ayuda en la construcción de espacios». Incluso, aporta para que se responsabilice de forma individual a los violadores de DDHH en Venezuela.
Finalmente, la activista por los DDHH resaltó que es un deber de todos los ciudadanos exigir que se respeten sus derechos. Seguidamente, señaló que esto debe hacerse de forma correcta, documentando y recurriendo a las instancias pertinentes para las denuncias.