La incertidumbre y el dolor permanecen intactos en los familiares de los pescadores desaparecidos desde 2019. Todos ellos, víctimas de los naufragios de embarcaciones que han zarpado desde Falcón, Sucre y Nueva Esparta.
Sin embargo y luego de sus pérdidas, la tristeza de sus padres, parejas, hijos o hermanos se incrementa cada vez más ante la falta de acciones o respuestas de parte del Ministerio Público (MP).
Un caso emblemático referente al tema de los migrantes desaparecidos es el de la embarcación “El Gran Cheo” en el municipio Marcano, estado Nueva Esparta. Esta zarpó a su faena cotidiana con 5 tripulantes hacia Los Frailes, el día 7 de junio del año 2019, y estos no regresaron el día 10 de junio de 2019 con su usual carga de pescado como se tenía previsto.
En vista de esta alarmante situación, sus familiares y los pescadores de la zona de Juan Griego solicitan el apoyo de la Guardia Costera. Incluso, formularon diversas denuncias para atender esta situación pero se les hizo caso omiso.
Por ello, los familiares de los pescadores desaparecidos tuvieron que salir en búsqueda de la embarcación “El Gran Cheo”. De esta forma, localizaron la misma sin los 5 tripulantes y sin observar algún rastro de los pescadores que formaban parte de ella. Además, solo hallaron la misma con los dos motores que tenía al partir de tierra firme.
Las autoridades no hacen nada por los pescadores desaparecidos
Oriana Quijada, familiar de los integrantes de la embarcación “el Gran Cheo”, comentó que en los meses siguientes a la búsqueda de la embarcación se dirigieron ante las autoridades competentes como la Guardia Costera o la Capitanía de Puertos, pero estos no hicieron absolutamente nada.
Los pescadores en la población de Juan Griego se han trasladado al Ministerio Público con la finalidad de obtener respuestas por parte de las autoridades.
Esto, ya que los índices de inseguridad en alta mar incrementaron producto del tráfico de gasolina, los grupos delictivos y aquellas personas que atacan los pescadores cuando estos solamente buscan pescado para poder subsistir ante esta crisis humanitaria compleja que afecta sus hogares.
Quijada también argumenta que “durante todo un año (2020) estuvieron realizando diferentes denuncias, solicitando el establecimiento de la desaparición de los tripulantes en esta embarcación. Pero en el MP hasta la actualidad no han dado respuesta. Ni siquiera han desarrollado una investigación formal con respecto al tema”.
La falta de interés para la atención de estos casos representa una violación al acceso a la justicia en Venezuela
El desinterés de parte de las autoridades para atender estos casos es sumamente preocupante. En muchas ocasiones los familiares han recibido respuestas por parte de funcionarios del Ministerio Público donde les manifiestan que “no contamos con un helicóptero para hacer una búsqueda área. No disponemos de los equipos necesarios para atender estos casos”.
Cabe destacar que el MP posee la capacidad de ejercer la acción penal para el desarrollo de investigaciones. Por lo mismo, es el espacio competente para brindar una recepción adecuada de denuncias y garantizar el cumplimiento de los principios de la justicia venezolana. Los cuales por cierto están plasmados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
De la misma forma, el licenciado Jhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones en las Costas de Venezuela, se pronunció recientemente.
A través de una declaración pública afirmó que se han “registrado ocho casos de migrantes desaparecidos que ya suman 137 víctimas. Gracias al trabajo de los familiares agremiados en Mayday CONFAVIDT han seguido encontrando evidencias suficientes para probar que se trata de embarcaciones sometidas por bandas criminales que operan en Venezuela dedicadas al tráfico de personas”.
La falta de garantías y medidas de protección para los familiares de las víctimas en esta clase de casos representa la negligencia por parte del Ministerio Público. Por ello, no existen procesos donde exista la celeridad, el acceso a la justicia gratuita o al menos responsabilidad con la ciudadanía.