Representantes de la ONG Campo y la Fundación Corazones con Esperanza exigieron respetar los derechos de las personas discapacitadas en Yaracuy. Las personas se trasladaron a la Defensoría del Pueblo del Municipio Bolívar, en el estado Yaracuy, para presentar diferentes solicitudes. En ellas demandaron que sean respetados el derecho a la salud, a la alimentación y el derecho a la identidad de las personas discapacitadas.
Asimismo, propusieron desarrollar una jornada integral de diagnóstico de las necesidades de las personas con discapacidad en el Municipio Bolívar. De esta manera, conocer con certeza cuáles son las debilidades que invaden a estas personas en sus hogares en el día a día.
Pedro Hernández, director general de la ONG, destacó que “estableciendo mesas de trabajo y realizando un sondeo referente a la realidad presente en las zonas rurales del Municipio Bolívar se permitiría trabajar para la construcción de garantías. Así se podría atacar la crisis humanitaria compleja que se visualiza con mayor tensión en estas partes del estado Yaracuy”.
De la misma forma, destacó la importancia que se atiendan los casos presentados de manera específica en la Corporación de Salud del Estado Yaracuy. Esto, ya que organizaciones de la sociedad civil han contabilizado innumerables cuadros críticos de enfermedades que requieren de atención inmediata.
Muchos de los afectados en estas áreas son campesinos pertenecientes a grupos vulnerables. Es decir, son personas con constantes dificultades para el acceso a la salud.
Líderes sociales destacan la importancia de los derechos de las personas discapacitadas en Yaracuy
Los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) no cuentan con las condiciones adecuadas para atender diferentes cuadros clínicos que suelen presentarse en estas zonas rurales.
Además, existen numerosos impedimentos para acceder a medicamentos que puedan ser asequibles por estas comunidades. Todo, debido a que los familiares de estas personas no cuentan con los recursos indispensables para poder costear los tratamientos médicos.
Es importante destacar que lo que ganan estas familias se relaciona a salarios mínimos, los cuales no llegan ni a 3$ al cambio. Por ello, no solo se vulnera su salud sino que no les permite cubrir una cuarta parte de la canasta básica venezolana. Todo lo anterior refleja una realidad que no es ajena en el territorio nacional.
Esto puede evidenciarse en el comunicado realizado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Allí se instaron a la Organización de las Naciones Unidas para que emita un pronunciamiento en el que se le recuerda a Venezuela cumplir y hacer cumplir los instrumentos internacionales que protegen los DDHH de las personas discapacitadas.