A 206 días de la detención de Javier Tarazona, director de la ONG venezolana Fundaredes, dirigentes juveniles exigieron su inmediata liberación. Entre ellos, Carlos Fernández, coordinador juvenil del partido político Vente Venezuela.
«Hoy su vida corre peligro, tiene un cuadro de salud complejo. Solo por el hecho de alzar la voz está secuestrado y siendo torturado», aseguró Fernández este lunes a las afueras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), red de la ONU, en la ciudad de Caracas.
El líder juvenil también señaló que el país «no se arregló» como algunos dirigentes políticos quieren hacer creer. En este sentido, consideró que de ser así no existirían presos por razones políticas. «Venezuela no está mejor, en Venezuela se violan los derechos humanos todos los días», precisó el joven.
Javier Tarazona: preso de conciencia
La detención de Javier Tarazona ocurrió el 2 de julio de 2021, cuando denunció acoso por parte de fuerzas de seguridad en la Fiscalía General de la ciudad de Coro, estado Falcón. Tras su detención, se le acusó de incitación al odio y terrorismo. El 16 de diciembre de 2021, luego de 5 meses de demora, fue que tuvo lugar su audiencia preliminar. Sin embargo, continúa privado de libertad en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas.
El estado de salud del activista es grave según sus abogados y familiares. Ambos aseguran que Tarazona sufre de hipertensión, diabetes y tras contraer COVID-19 el año pasado, el virus le dejó secuelas.
Para organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Tarazona es un preso de conciencia. Dicha organización consideró que «solo fue apresado por su labor», pues fue el principal vocero del conflicto entre la Fuerza Armada y disidentes de las FARC desde marzo del 2021.
El llamado de la dirigencia nacional es que la comunidad internacional no despegue su mirada del país para evitar que estas violaciones de derechos sigan ocurriendo. Hasta la fecha, según Foro Penal, hay al menos 261 presos políticos, de los cuales 42 se encuentran en situación crítica de salud.