El actual Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, presidido por Maikel Moreno, «ha servido como bufete privado de la administración de Nicolás Maduro en los últimos años ya que la instancia judicial obedece a decisiones que vienen dictadas por el poder ejecutivo» según palabras del abogado venezolano Joel García, en una entrevista concedida a nuestro equipo.
García puntualizó que las detenciones arbitrarias han sido un denominador común en el país aunque exista un marco jurídico que lo rechaza. Por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que a través de su artículo 44 establece que «ninguna persona puede ser arrestada sin orden judicial a menos que sea sorprendido in fraganti».
«Existe el instrumento jurídico que prohíbe este tipo de detenciones y sin embargo se cometen. Eso se traduce en que no hay independencia de poderes y que estamos bajo un régimen de corte autoritario», añadió Joel García.
Joel García sobre otros casos de detenciones arbitrarias
El abogado, en este repaso sobre las detenciones arbitrarias en el país, recordó el caso del periodista Roland Carreño arrestado el 26 de octubre de 2020. Pues, pese a que el país se encontraba en su momento más crítico por la pandemia a causa del COVID-19, para el régimen esto no fue motivo para cesar las persecuciones.
Hasta la fecha el periodista se mantiene en lo que el experto en derecho denomina «pena de banquillo» o «condena anticipada sin juicio previo, ni debido proceso». Esto debido a que Carreño desde el mes de agosto del 2021 se encuentra a la espera de que el juez de la causa, José Mascimino Márquez, le informe la fecha en que debería celebrarse la audiencia de juicio.
Finalmente, Joel García señaló que aunque el ejecutivo mostró preocupación por el sistema judicial en 2021 esto solo se debió a que el pasado 31 de octubre el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó el país. Sin embargo, aseguró que las denuncias de los presos por razones políticas continuarán elevándose a instancias internacionales hasta que no haya celeridad en los procesos judiciales.
