Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado en Venezuela, según expone el más reciente informe del Programa de Educación Acción para los Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas del país.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, expuso que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad, que ha venido en ascenso con el paso de los años y que no son hechos aislados.
“En los últimos años, pero principalmente a partir de 2015 estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías que han privado de manera arbitraria la vida de miles de personas”, dijo durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Alvarado recordó que, en su informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
“Ratificamos que estamos frente a una situación en la cual en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra jóvenes pobres en todo el territorio nacional”, añadió el defensor de derechos humanos.
Fuente: VOA